0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialLa ley de Movilidad Sostenible, aprobada en diciembre del 2025, daba 12 meses al Gobierno para regular las relaciones entre las plataformas independientes de venta de billetes y los operadores, tanto a nivel técnico como económico. Han pasado ocho meses, quedan cuatro para que venza el plazo... y no es que todavía no se haya aprobado el reglamento, es que ni tan siquiera ha salido ningún documento oficial a consulta pública inicial.Esta cuestión es fundamental para plataformas como Trainline y Omio, que aglutinan toda la oferta ferroviaria y permiten comparar los precios y horarios de las diversas compañías en una única aplicación. A través de ellas ya se vende uno de cada cinco billetes de alta velocidad en España y tienen grandes expectativas en la nueva legislación porque está llamada a acabar con unas negociaciones arbitrarias de las comisiones que dejan casi sin margen a las plataformas. Como los operadores son, al mismo tiempo, proveedores y competidores en la venta de billetes a través de sus propias webs, Renfe abusa de su posición dominante e impone unas reglas del juego con condiciones más duras y comisiones mucho más altas que Iryo y Ouigo. A diferencia del operador público estatal, los otros dos han visto en este canal un escaparate para vender más billetes en lugar de un enemigo.El reglamento obligará a Renfe a ofrecer unas comisiones más justas a plataformas como Trainline y OmioEl debate afecta directamente a los viajeros, que cada vez usan más estas plataformas agregadoras, convertidas en la puerta de entrada a la alta velocidad sin depender de un operador concreto. Generan alrededor de un millón de viajes adicionales al año. “Las plataformas independientes existen para eliminar fricciones en el proceso de reserva y poner toda la oferta del mercado delante del viajero: todos los operadores, todas las opciones, comparadas con honestidad”, destaca la directora de asuntos públicos de Omio, Catriona Meehan, que pone en valor el crecimiento de viajeros a la par que han bajado los precios desde la liberalización. “Nada de eso está garantizado si las condiciones de acceso no se mantienen justas a medida que el mercado evoluciona”, concluye Meehan.La ley de movilidad incluye un artículo donde se establece que en un plazo de 12 meses debe desarrollarse el reglamento en el que se definan los acuerdos técnicos y financieros entre los operadores y los proveedores independientes en condiciones “razonables, justas, transparentes y proporcionadas”. Es lo que en el argot legislativo europeo se conoce como FRAND por sus siglas en inglés de justas, razonables y no discriminatorias y que Bruselas acostumbra a aplicar para evitar abusos de posición dominante.En ese sentido, la Comisión Europea está avanzando en una propuesta legislativa de billete único para todos los trenes continentales que va en el mismo sentido, estableciendo obligaciones de interoperabilidad entre los diferentes sistemas para favorecer la competencia y así impulsar el ferrocarril. De hecho, Bruselas ya intervino en el 2024 al exigir a Renfe que compartiese todos los datos y contenidos con Trainline.“El desarrollo de la ley de movilidad va en esa misma dirección y es lo que hace todo esto sostenible a largo plazo, el sector está listo, esperamos que la consulta pueda abrirse sin demora”, apunta el responsable de relaciones institucionales de Trainline, Guillermo Serrano, que tiende la mano al Ministerio de Transportes para avanzar juntos y participar de manera constructiva, dejando claro que ellos no piden un resultado predeterminado, sino que el proceso empiece lo antes posible, asumiendo que los plazos marcados al aprobar la ley son imposibles de cumplir. A la consulta pública inicial hay que sumarle la audiencia pública, el posterior informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la notificación europea y el paso final por el Consejo de Estado antes de llegar a ser aprobado en Consejo de Ministros, un recorrido que puede alargarse entre doce y quince meses en el mejor de los casos. Como si el reglamento fuese un tren de Rodalies, va con retraso.Redactor de La Vanguardia especializado en infraestructuras, movilidad y urbanismo. También escribe de ferias y congresos. Antes siguió la actualidad de l'Hospitalet y el Baix Llobregat, donde está ligado a proyectos de información local