Alguien llora en uno de los pasadizos del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), un museo de tres pisos ubicado sobre uno de los acantilados de Lima, frente al Pacífico. Es una señora de cabello corto, acompañada de sus hijas y su nieto. Su llanto es silencioso, pero incontenible: se le han aguado los ojos al menos tres veces desde que Julissa Mantilla, una abogada que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, inició esta visita guiada, que arrancó con diez inscritos y ha cuadruplicado el número de asistentes durante el recorrido. Es viernes por la tarde y el LUM está colmado. Desde el 28 de julio, cuando Keiko Fujimori juró como presidenta del Perú, algo inusual ocurre en este museo: la gente llega en masa, de manera espontánea. Hay estudiantes, adultos mayores y familias con niños pequeños. Ese mismo 28 de julio sucedió algo que hasta entonces era difícil de imaginar: se formaron colas para entrar. Desde que la hija de Alberto Fujimori —el autócrata que gobernó el Perú durante la década de los noventa— se cruzó la banda presidencial, entre un sector de la población se ha extendido el temor de que el LUM pueda cerrar sus puertas. En su discurso de toma de mando hubo, además, una ausencia que no pasó inadvertida: Fujimori no pronunció ni una sola vez la palabra memoria. Los antecedentes del fujimorismo no ayudan a disipar temores. Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos, murió sin pedir perdón a los familiares de las víctimas de su régimen. En sus últimos años intentó reivindicar su Gobierno a través de una serie de audiovisuales en los que sostuvo que “su única culpa había sido derrotar al terrorismo” y que desconocía los crímenes cometidos por el Grupo Colina, el escuadrón de la muerte que operó durante su mandato bajo la órbita de su asesor Vladimiro Montesinos. En 2023, además, un libro infantil publicado por el Fondo Editorial del Congreso ensalzó el autogolpe de Estado de 1992. Por entonces, el fondo estaba presidido por Martha Moyano, hoy senadora de Fuerza Popular. La disputa por el relato de aquellos años ha sido una constante del fujimorismo. Daida Pérez Cerda, la mujer que se ha secado los ojos varias veces esta tarde, es hija de uno de los 69.280 muertos y desaparecidos que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, dejó la guerra interna que sacudió al Perú en las últimas décadas del siglo pasado. Su padre, Ildefonso Pérez Sáenz, fue asesinado el 30 de diciembre de 1994 por un grupo de militares en el distrito de San Luis, en la región de Áncash. Tenía 63 años y era juez de paz. Se dirigía a comprar mercadería montado en su caballo cuando fue interceptado. Daida cuenta que los soldados alegaron que Ildefonso no se detuvo cuando se lo ordenaron y por eso dispararon contra él. Después, dice, intentaron presentarlo como un líder terrorista de Sendero Luminoso y le colocaron explosivos entre sus pertenencias.“No solo lo mataron, sino que lo denigraron. Eso es lo que más me duele”, dice Daida. Se enteró de la muerte de su padre cuatro días después, cuando ya lo estaban enterrando. No pudo despedirse de él, una ausencia que todavía le pesa 32 años después. Su hija mayor, Daidadiana Ferrer, cuenta que los militares involucrados recuperaron la libertad gracias a una ley de amnistía promulgada durante el Gobierno de Alberto Fujimori, que benefició a militares y policías procesados o condenados por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la lucha contra el terrorismo. “Mi abuela murió el año pasado sin hallar justicia. Y ahora que las leyes de amnistía y blindaje para los militares han regresado es como revivir nuestra pena”.Desde diciembre de 2015, cuando abrió sus puertas al público, se ha instalado la idea de que las salas del LUM exaltan a los grupos terroristas y presentan a las Fuerzas Armadas únicamente como victimarias. Pero basta recorrer sus tres pisos para encontrar un relato más complejo. “El Estado cumplió un papel fundamental en la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA”, se lee en uno de sus paneles, que también destaca el sacrificio de los militares y las precarias condiciones en las que combatieron. Hay un espacio dedicado a la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, y otro a la operación Chavín de Huántar, que en 1997 permitió liberar a los rehenes retenidos por el MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima. Las salas tampoco eluden la brutalidad de los grupos subversivos: una de las fotografías más crudas muestra el velatorio de un niño asesinado bajo la acusación de ser un traidor. La expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Julissa Mantilla, guía ad honorem de este recorrido, repetirá varias veces durante la tarde que la mejor manera de acabar con los rumores que rodean al LUM es visitarlo, en lugar de dejarse llevar por lo que circula en las redes sociales. Hace poco, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, negó que el Gobierno de Keiko Fujimori tuviera previsto cerrar el museo, pero sostuvo que la izquierda ha manejado la cultura en el Perú y que su gestión buscará corregir ese rumbo. “Se acabaron los privilegios de una manera única de pensar”, señaló.Mantilla le responde desde uno de los pasadizos del museo: “¿Qué argumento establece para decir que la izquierda ha controlado la cultura? La cultura se crea y se recrea constantemente. Si negamos esta memoria, también neguemos todos los museos entonces. Reconstruir la memoria desde una sola visión facilita que esto se vuelva a repetir”. Deterioro del museoMientras Mantilla habla, algunas señales de deterioro saltan a la vista: varias pantallas permanecen en mantenimiento y en algunas salas faltan audífonos. Visitantes habituales aseguran que las reparaciones están pendientes desde el año pasado. Entre quienes defienden la continuidad del LUM existe el temor de que el museo no necesite ser clausurado: bastaría con dejar que los desperfectos y las carencias se acumulen. “No se trata de cerrarlo o no, sino de darle la importancia que merece”, dice la guía.La disputa por la memoria trasciende las fronteras peruanas. En distintos países de América Latina, los espacios y las instituciones encargados de preservar el recuerdo de los años más violentos de su historia atraviesan momentos de incertidumbre. En Argentina, el Gobierno de Javier Milei dejó de destinar fondos en 2025 al Museo Sitio de Memoria ESMA, dedicado a preservar la memoria de las víctimas de desaparición forzada y de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983. En Chile, sectores de la ultraderecha impulsan un llamado “Museo de la Verdad”, que busca reivindicar el golpe de Estado de Augusto Pinochet de 1973. Y en Colombia, aunque Abelardo de la Espriella moderó el tono durante su discurso de toma de mando, anunció que buscará eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado tras los acuerdos de paz para investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos durante el conflicto armado por guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado. El paseo termina, pero todavía hay gente entrando al LUM. Daida se marcha con sus hijas y su nieto. El asesinato de su padre es una herida abierta desde hace 32 años. Mientras el Perú vuelve a discutir cómo contar los años de la guerra interna, el museo se ha llenado de nuevos visitantes que parecen haber encontrado una respuesta más sencilla: venir a mirar, escuchar y recordar.