Helicópteros, aviones anfibios, brigadas helitransportadas, autobombas, drones y centenares de profesionales desplegados sobre el terreno. Nunca Aragón había contado con un dispositivo de extinción tan potente como el actual y, sin embargo, el verano de 2026 está dejando una de las campañas de incendios más complejas de los últimos años.
La paradoja es evidente. Si los medios para apagar el fuego son cada vez mejores, ¿por qué los grandes incendios siguen creciendo en intensidad, velocidad y superficie quemada?
Para Ignacio Pérez-Soba, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón, la respuesta no está en el aire, sino bajo los pies de quienes combaten las llamas. El problema, sostiene desde hace años, no es únicamente cómo se extinguen los incendios, sino cómo se está gestionando el territorio mucho antes de que aparezca la primera columna de humo. Su tesis, compartida recientemente junto al decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, Jesús Ángel Betrán, es clara: los incendios forestales no pueden seguir abordándose como una emergencia estacional, sino como un problema estructural de ordenación del territorio.
En este sentido, Pérez-Soba va un paso más allá. En el capítulo que acaba de publicar sobre la problemática de los incendios forestales en España sostiene que en la actualidad los “incendios forestales” son cada vez menos exclusivamente forestales. “Los incendios forestales son, ante todo, un fenómeno rural”, escribe, porque es en el territorio rural donde confluyen las condiciones que explican su origen, su propagación y sus consecuencias. Esa afirmación obliga, a su juicio, a cambiar también el enfoque de las políticas públicas: la prevención no puede recaer únicamente en los servicios forestales, sino que debe implicar a la agricultura, la ganadería, la planificación territorial y el desarrollo rural.
