La cláusula abolicionista de la prostitución que el Ministerio de Igualdad ha incorporado en las subvenciones de trata y violencia machista ha llegado a los juzgados. La Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo que tres asociaciones han interpuesto contra la modificación de los requisitos aprobada este año y que incorporó como novedad la exigencia de que las ONG que quieran presentarse a las ayudas deben declararse abolicionistas de la prostitución.
Será la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia la que deberá estudiar las nuevas bases reguladoras y decidir sobre la medida cautelar solicitada por las tres organizaciones, que reclaman la paralización de los nuevos requisitos mientras se resuelve el fondo del asunto. El BOE publicó el pasado 22 de abril las órdenes ministeriales que obligan a las entidades que concurran a las ayudas a reconocer “expresamente” la prostitución y la gestación subrogada como una “forma de violencia contra las mujeres”.
Se trata de dos subvenciones diferentes que reparten entre ambas 20 millones de euros: unas destinadas a la lucha contra la trata con fines de explotación y sexual, y otras para programas de prevención y sensibilización en violencia machista. El cambio en las bases reguladoras fue conocido el pasado febrero, ante lo que medio centenar de asociaciones se unieron para protestar contra lo que consideran un requisito “inconstitucional”. Entonces ya anunciaron que, si el Ministerio de Igualdad no daba marcha atrás con su propuesta, iniciarían acciones legales.
