El Ministerio alega que la modificación de las condiciones para acceder a créditos para prevención de violencia machista y apoyo a víctimas es constitucional, legítima y que busca la protección de los derechos humanos
Más de 50 organizaciones han rechazado este martes los cambios del Ministerio de Igualdad a los requerimientos para solicitar subvenciones para la prevención de la violencia machista y el apoyo a víctimas de trata y sus hijos. La cartera de Ana Redondo propuso en enero modificaciones en las bases reguladoras del acceso a dos líneas de crédito, para que las asociaciones que las soliciten reconozcan la prostitución como una forma de violencia, junto con la explotación sexual y
lia-pide-a-igualdad-el-bloqueo-de-las-webs-de-13-agencias-de-vientres-de-alquiler.html" data-link-track-dtm="">reproductiva. Representantes de sindicatos de trabajadoras sexuales, asociaciones feministas e investigadoras han denunciado que la propuesta “vulnera principios constitucionales y debilita la lucha contra las violencias machistas”.
Las voces críticas con la decisión consideran que Igualdad “impone una posición ideológica de carácter abolicionista como requisito para acceder a fondos públicos”. Las asociaciones alegan que afectará el trabajo de organizaciones no abolicionistas o donde coexisten posturas diversas, con “consecuencias sobre la calidad, el alcance y la eficacia del acompañamiento” a personas que sufren violencia. Consideran, además, que “restringe el pluralismo y excluye injustificadamente a entidades con amplia experiencia en atención a víctimas”.
