Germ�n M. Teruel LozanoActualizado Domingo,

agosto

22:55La democracia del 78 vive uno de esos momentos de �brinco� que describiera Ortega, con una �nueva pol�tica� que est� desdibujando los contornos de la forma pol�tica de nuestro Estado que, de acuerdo con el art. 1 de la Constituci�n, es la �monarqu�a parlamentaria�. De ese sintagma, nuestro parlamentarismo ha colapsado en esta legislatura, mientras que la Corona es de las pocas instituciones que parece saber cu�l es su posici�n constitucional. Aun as�, cada vez es m�s com�n que se susciten cuestiones sobre lo que puede o no hacer el rey Felipe VI. Hasta d�nde puede intervenir cuando hay una crisis –como ha ocurrido recientemente en Ceuta– y en qu� medida depende del gobierno de turno. Lo que obliga a indagar en la relaci�n monarqu�a-democracia.Vincular estos dos conceptos podr�a parecer un ox�moron, pero no lo es. Y me atrever�a a decir que en los tiempos que corren mucho menos. En efecto, la figura de un Rey como jefe del Estado supra partes, que se sabe heredero de una dinast�a hist�rica a la que da continuidad y cuya fuerza se limita a inspirar un compromiso y unos valores que han de sostener el proyecto de la comunidad pol�tica cuyo Estado personifica, se erige en un importante contrapeso simb�lico ante los cesarismos presidenciales que tanto est�n erosionando las democracias actuales y ante el adanismo y el nihilismo oportunista que s�lo mira a las elecciones que impregna la pol�tica de nuestros d�as.Ahora bien, para que el maridaje monarqu�a y democracia pueda darse es necesario que se cumplan cuatro condiciones en el marco de una monarqu�a parlamentaria. La primera ser�a que el dise�o constitucional de la jefatura del Estado atribuya al Rey unos poderes neutralizados jur�dicamente, que nunca podr�n extenderse a facultades de tipo decisorio (el Rey no puede dictar �rdenes en sentido jur�dico) ni puede obstaculizar o bloquear las decisiones de otros �rganos, por ejemplo, ejerciendo el veto en nombramientos o en actos sujetos a la firma regia.Esta es, a mi juicio, la �nica perspectiva posible para entender las facultades que la Constituci�n atribuye a nuestro Rey en los art�culos 62 y 63. Son actos debidos, que el Monarca est� obligado a firmar. No concebirlo as� nos acercar�a a la l�gica de la monarqu�a decimon�nica, tal y como fue pensada por C�novas. En una monarqu�a parlamentaria era obligado para Felipe VI firmar los indultos o sancionar la Ley de Amnist�a, por muchas dudas de constitucionalidad que existieran. Un presidente de una Rep�blica parlamentaria s� que puede oponerse a ciertos actos pol�ticos (Italia nos ha dado varios ejemplos recientes), pero un Rey en democracia no. Y Don Felipe ha demostrado saber cu�l es su papel. De hecho, en la propuesta de candidato a la presidencia del gobierno, que es donde el Rey constitucionalmente tendr�a m�s discrecionalidad, la pr�ctica de nuestra monarqu�a ha llevado a neutralizar la intervenci�n regia para operar con automatismos que facilitan su exquisita neutralidad en el proceso pol�tico.Una conclusi�n que no nos lleva a sostener que la figura del Rey sea in�til ni a negar que el nuestro dispone de autonom�a para desplegar un poder simb�lico y de influencia pol�tica. Y es que el Rey, adem�s de intervenir en los actos formales antes se�alados, como jefe del Estado asume una importante funci�n representativa y le corresponde arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones (art. 56.1 CE). Para lo cual, como advirti� el profesor Arag�n Reyes, puede ejercer facultades latentes como su derecho de mensaje, donde s� que disfruta de una autonom�a, condicionada por el refrendo, como diremos. Igual que sus poderes moderadores, aunque jur�dicamente neutralizados, pueden ser muy eficaces, desplegando su influencia a trav�s de las facultades cl�sicas que describiera en el siglo XIX W. Bagehot sobre la monarqu�a inglesa: al Rey le corresponde �ser informado, aconsejar y estimular�. Seguramente, el testimonio m�s cr�tico fue el discurso de Felipe VI el 3-O. Pero su �mbito normal son los discursos y las actividades ordinarias de nuestro Rey que dejan rastro de las preocupaciones y de los valores que como jefe del Estado patrocina.As�, la segunda condici�n para que debe cumplirse para conciliar monarqu�a y democracia es que el Monarca, aunque tenga �voz� propia y no sea un mero ventr�locuo del Gobierno, ha de contar con el concurso gubernamental para el ejercicio de sus facultades v�a refrendo, que sirve de contrapeso institucional. M�s all� de formalismos como la contrafirma de sus actos o el acompa�amiento de ministros en los actos del Rey, es importante que exista una relaci�n de leal colaboraci�n y coordinaci�n entre Moncloa y Zarzuela para preservar ese margen de autonom�a regio, al tiempo que se respeta que la direcci�n pol�tica le corresponde al Gobierno. Un �mbito lleno de sutilezas. Pensemos en las gestiones del Rey ante la crisis en Ceuta, sus medidas palabras sobre la conquista de Am�rica o su negativa a asistir al acto por los 50 a�os de la muerte de Franco. Palabras y gestos, incluso silencios, que han de estar siempre coordinados con el Gobierno pero que expresan la voluntad regia.En tercer lugar, las intervenciones del Rey han de ser neutrales, lo que no equivale a nihilistas, ya que habr�n de estar alineadas con los valores constitucionales. El Rey ha de ser fuente de inspiraci�n constitucional, por lo que debe propiciar la integraci�n, al simbolizar el ideario democr�tico en una sociedad secularizada y plural.Creo que Felipe VI es muy consciente de ello, hasta el punto de haberse erigido en el baluarte simb�lico no s�lo de la �permanencia y unidad del Estado�, como expresa la Constituci�n, sino en el mascar�n de proa de la democracia del 78. Tanto es as� que cuando uno escucha a nuestro Rey parece que �ste ha unido de forma inescindible el sentido hist�rico de la Corona a los principios que sostienen el orden democr�tico del 78, incluida la integraci�n europea. Una apuesta arriesgada que lo ha puesto en el punto de mira de aquellos que quieren derrumbar nuestro modelo de convivencia. Primero fueron los populistas bolivarianos –recordemos el �ciudadano borb�n�, como lo apodaban-, y ahora el reaccionarismo de derechas –�Felpudo mas�n�, le dicen por las redes–. Frente a ellos, quienes creemos que no hay mejor modo de organizar la convivencia que el que afirma nuestra constituci�n democr�tica tenemos que reconocer y agradecer el compromiso de nuestro Rey.Por �ltimo, la cuarta condici�n para el sost�n de una monarqu�a democr�tica es la ejemplaridad del propio Rey. Por dos razones b�sicas. La primera, porque est� llamado a ser �paradigma �tico y est�tico del cuerpo pol�tico� (Herrero de Mi��n) y, como magistratura simb�lica, ayuna de potestas, su eficacia depende de una auctoritas de la que s�lo disfruta quien es reconocido y respetado social y pol�ticamente. En definitiva, quien es ejemplar. Y, la segunda, porque la persona del Rey es inviolable. No se le puede exigir ninguna responsabilidad, ni jur�dica ni pol�tica, ni en sus actos institucionales ni en los personales, al menos mientras ejerza la jefatura del Estado, por lo que debe ser intachable. De ah� que cuando se desnuda la ficci�n de que rex non potest peccare, la �nica salida que quede sea la abdicaci�n, como ocurri� con Don Juan Carlos. Don Felipe tambi�n parece saberlo bien. Su discreci�n privada, su prudencia p�blica y las normas de transparencia que ha desplegado en la Casa Real testimonian la preocupaci�n por la ejemplaridad que asumi� desde su proclamaci�n ante las Cortes.La Constituci�n del 78 concili� democracia y monarqu�a en la f�rmula parlamentaria, pero, sobre todo, ahora que sentimos la corrosi�n de nuestro orden constitucional conviene subrayar c�mo Felipe VI se ha consolidado como un Rey para la democracia.Germ�n M. Teruel Lozano es profesor titular de Derecho constitucional de la Universidad de Murcia y director adjunto de investigaci�n de la Fundaci�n Hay Derecho