NoticiaSuperservicios advierte que casi la mitad de las restricciones no tiene una solución y plantea cambios regulatorios para evitar mayores costos.Los costos corresponden a las llamadas restricciones del sistema, es decir, situaciones en las que la energía no puede transportarse de manera eficiente por falta de infraestructura suficiente. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPOPERIODISTA ECONÓMICO09.08.2026 12:36 Actualizado: 09.08.2026 12:36
Los retrasos en la construcción de líneas y demás infraestructura para transportar la electricidad ya no solo representan un problema técnico para el sistema energético del país. También se han convertido en un costo que termina llegando al bolsillo de millones de hogares y empresas a través de la factura de energía.Es la principal conclusión del nuevo informe "Análisis de la expansión de la transmisión en Colombia 2026", elaborado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), según el cual los usuarios del servicio asumieron 24,9 billones de pesos entre 2022 y 2025 por las restricciones que enfrenta el Sistema Interconectado Nacional, originadas en buena medida por el atraso de las obras de transmisión. LEA TAMBIÉN Ese monto representa el 42,2 por ciento de los 58,9 billones de pesos que han costado dichas restricciones desde 2008, una cifra que evidencia cómo el problema se ha agravado precisamente en los últimos años. El informe explica que estos costos corresponden a las llamadas restricciones del sistema, es decir, situaciones en las que la energía no puede transportarse de manera eficiente por falta de infraestructura suficiente o porque los proyectos previstos no entraron en operación en las fechas programadas. Como consecuencia, el sistema debe recurrir a mecanismos de generación más costosos para garantizar el suministro eléctrico, sobrecostos que finalmente son trasladados a la tarifa que pagan los consumidores. Las cifras muestran el deterioro de esta situación. Mientras en 2008 el costo anual de esas restricciones era de 1,15 billones de pesos, en 2024 alcanzó un máximo histórico de 8,34 billones, es decir, 7,2 veces más. Aunque en 2025 descendió hasta 5,36 billones gracias a mejores condiciones hidrológicas, el valor sigue siendo 4,7 veces superior al registrado hace 18 años.El análisis también revela que los problemas estructurales persisten. Con corte a mayo de 2026, 189 de las 390 restricciones identificadas en el sistema, equivalentes al 48,5 por ciento, ni siquiera cuentan con un proyecto de expansión asociado, mientras que el 94,9 por ciento no dispone de una obra que avance conforme al cronograma previsto, lo que evidencia el rezago de la infraestructura encargada de transportar la electricidad en el país.Servicio de energía eléctrica Foto:Enel CodensaLas barrerasLa Superservicios atribuye los retrasos principalmente a demoras en los procesos de licenciamiento ambiental, dificultades para la adquisición de predios y servidumbres, así como problemas logísticos y técnicos durante la ejecución de las obras.El informe advierte además que el impacto no es en todo el territorio. La región Caribe concentra el 39 por ciento de las restricciones identificadas, con 73 casos que todavía no tienen un proyecto definido para resolverlos, lo que mantiene a esa zona como una de las más expuestas a los efectos de la insuficiente infraestructura de transmisión.Otro hallazgo relevante es que existe una estrecha relación entre el aumento de la demanda de electricidad y el rezago de las obras. Entre 2008 y 2025, la demanda comercial nacional creció 55,4 por ciento, mientras el número de proyectos de expansión vencidos pasó de cero a 30, ampliando la brecha entre la capacidad que requiere el sistema y la infraestructura realmente disponible. LEA TAMBIÉN Para la entidad, este panorama también representa un obstáculo para la transición energética, ya que la falta de redes limita la incorporación de nuevos proyectos de generación renovable que necesitan conectarse al Sistema Interconectado Nacional.Como respuesta, la Superservicios formuló ocho recomendaciones dirigidas al Ministerio de Minas y Energía, la CREG y la UPME, entre ellas fortalecer la coordinación institucional, agilizar los procesos de licenciamiento ambiental, acelerar las convocatorias para ejecutar proyectos regionales, establecer mecanismos de alerta temprana frente a los atrasos y, especialmente, incorporar dentro de las decisiones sobre aplazamientos de obras una evaluación explícita del impacto económico que estos generan sobre los usuarios.La entidad anunció que remitirá el informe a las autoridades del sector como insumo para futuros ajustes regulatorios y mantendrá un seguimiento periódico al avance de los proyectos de transmisión y al efecto que estos tienen sobre los costos que terminan pagando los consumidores en sus facturas de energía. Sigue toda la información de Economía en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
