Nuevo varapalo a Donald Trump en sus ansias de transformar algunos de los lugares más emblemáticos de Washington, de la Casa Blanca al estanque reflectante a los pies del Lincoln Memorial, pasando por el Kennedy Center. En todos ha querido el presidente de Estados Unidos imponer su huella, y en todos está encontrando serios problemas para hacerlo. El último ha llegado de un tribunal federal de apelaciones, que ha dictaminado este viernes que la Administración republicana no puede continuar con las obras de un salón de baile en la demolida Ala Este de la residencia presidencial.Los planes de Trump, de nuevo, vuelven a chocar con la realidad. En este caso, el choque se produce por la falta de un aval del Congreso de Estados Unidos para emprender una reforma de gran calado —con un coste previsto de 400 millones de dólares— que afecta a la Casa Blanca, un símbolo del poder de Estados Unidos reconocible en todo el mundo. “Corresponde al Congreso decidir si se debe construir o no un salón de baile masivo. No es una cuestión que el Ejecutivo pueda resolver por iniciativa propia”, ha dictaminado el Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, con sede en Washington, en una decisión adoptada por dos votos a favor y uno en contra. “El Congreso no ha cedido una autoridad ilimitada al poder ejecutivo para rediseñar, remodelar y reconstruir drásticamente la Casa Blanca —la casa del pueblo— para ajustarla a los deseos de un presidente en particular”, continúa el texto. Esta es la respuesta del juzgado a la demanda que presentó el año pasado el National Trust for Historic Preservation (Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica) después de que el Gobierno derribara el Ala Este y comenzara a construir un salón de baile de 90.000 pies cuadrados (8.360 metros cuadrados) sin solicitar autorización al Congreso.Trump ha reaccionado de inmediato. Además de decir que apelará al Tribunal Supremo, el republicano ha arremetido contra los dos jueces por un fallo que considera “horrendo, ilegal y motivado políticamente como una amenaza a la seguridad nacional” ya que, según asegura, todo el complejo que se está construyendo, es para proteger a Estados Unidos y “a todos los futuros presidentes”.La decisión judicial no supone una paralización inmediata de las obras. El pasado 31 de marzo, el juez federal Richard Leon ya había ordenado que se congelara toda la operación con el mismo argumento: que Trump no tenía el poder para modificar sustancialmente un lugar histórico como la Casa Blanca sin consultar con las dos Cámaras elegidas por los ciudadanos estadounidenses. Ahora, el tribunal ratifica la conclusión de que no hay ninguna ley que confiera al presidente la facultad de demoler partes de la Casa Blanca sin permiso del Congreso. La decisión final del futuro aspecto de la residencia presidencial recaerá en el Tribunal Supremo. A pesar de que los conservadores tienen allí una supermayoría —de seis jueces frente a tres progresistas—, el máximo órgano judicial estadounidense ha dado sonoros varapalos a Trump en asuntos que él considera vitales, como los aranceles o el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Tras anunciar que había que parar las obras, el tribunal de apelaciones suspendió la ejecución de su fallo durante 14 días para permitir que el Gobierno de Trump apelara ante el Tribunal Supremo. El juez federal de distrito Leon ha bloqueado en dos ocasiones la construcción del salón de baile, aunque sí ha permitido que continúen las obras subterráneas. Leon, nombrado por el expresidente republicano George W. Bush, había dictaminado que ninguna ley federal “se acerca siquiera a otorgar al presidente” la autoridad necesaria para construir el salón de baile sin la aprobación del Congreso.La Administración republicana defiende que el proyecto de reforma es necesario para dar cabida a grandes actos formales y para garantizar la seguridad de la Casa Blanca. Este argumento adquirió más fuerza después de que Trump sufriera un atentado fallido en el hotel Hilton de Washington durante la cena de corresponsales el pasado 25 de abril. Pese a que la Administración republicana asegura que las obras no tendrán coste para el contribuyente, porque serán financiadas por empresarios cercanos a Trump, el diario The Washington Post informó en junio de que se habían transferido unos 350 millones de dólares del Servicio Secreto para financiar mejoras de seguridad en la Casa Blanca, fondos que, según la prensa de Estados Unidos, estaban destinados al proyecto del Ala Este.Los problemas en la reforma de la Casa Blanca se unen a los del estanque reflectante. Recientemente, la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, una estrecha aliada de Trump, retiró los cargos contra David Hearn, un piragüista olímpico de 67 años, al que había acusado de vandalizar la piscina. Esta decisión enfureció al presidente republicano. Hearn se había convertido en el chivo expiatorio de la Administración de Trump para justificar el fiasco de la reforma. Además, el pasado junio se cumplió la orden que había dado otro juez de retirar el nombre de Trump de la fachada del gran recinto cultural de Washington, el Centro para las Artes Escénicas John F. Kennedy, otro golpe más en las ansias de gloria eterna del presidente de Estados Unidos.