Durante años, la consigna "adoptá, no compres" fue una bandera casi exclusiva de organizaciones proteccionistas. Hoy, esa discusión llegó al Congreso, se instaló en los programas de televisión y volvió a poner bajo la lupa una actividad que convive con prácticas clandestinas denunciadas desde hace décadas.
En la Argentina no existe una ley nacional que prohíba la compra y venta de animales de compañía. Tampoco hay una normativa integral que regule de manera uniforme los criaderos, por lo que la actividad depende de ordenanzas municipales y disposiciones provinciales con distintos niveles de control. Ese vacío impulsó a la diputada libertaria Karen Reichardt a presentar un proyecto de ley para crear un régimen nacional de habilitación, fiscalización y registro de criaderos, refugios y hogares de tránsito.
Mascotas sin ley. La iniciativa propone establecer estándares mínimos de bienestar animal, controles veterinarios obligatorios y sanciones para quienes incumplan la normativa. Sin embargo, el proyecto abrió una fuerte controversia. Organizaciones proteccionistas sostienen que colocar bajo la misma regulación a criaderos y refugios implica desconocer que persiguen objetivos completamente diferentes. Un criadero reproduce animales para su comercialización, mientras que un refugio recibe perros y gatos abandonados, los alimenta, los recupera sanitariamente, los castra y busca una familia que los adopte. Su misión no es reproducir animales, sino reducir el abandono. Distinta aún es la función de un santuario, donde los animales permanecen protegidos hasta el final de sus vidas, sin ser vendidos ni dados en adopción.
