La presentación del proyecto de ley 3401-D-2026 en el Congreso de la Nación, impulsado por la diputada nacional de La Libertad Avanza Karen Reichardt, ha desatado una profunda e intensa controversia en los ámbitos parlamentario, mediático y social del país. La iniciativa legislativa propone fijar presupuestos mínimos a nivel federal para la regulación, habilitación, fiscalización y control de todos los establecimientos que alberguen animales de compañía, un espectro amplio que incluye desde criaderos comerciales hasta refugios, hogares de tránsito y pensionados.
Según los argumentos expresados por la propia legisladora en diversos medios, la intención fundamental de la propuesta radica en ordenar una actividad que actualmente adolece de una fuerte dispersión normativa e informalidad regulatoria en el país, buscando combatir la proliferación de establecimientos clandestinos a través de un esquema unificado de supervisión. Para cumplir con este propósito, la norma plantea la creación obligatoria del Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía (RNEAC). Bajo este esquema, cualquier espacio físico destinado a la permanencia de caninos o felinos deberá formalizar su inscripción legal como requisito ineludible para su funcionamiento, debiendo además ajustarse a estrictos protocolos edilicios, sanitarios, éticos y genéticos orientados al bienestar animal.
