A contraluzEl MP reconoce que Consuelo Porras utilizó la investigación penal para venganza política.
El Ministerio Público (MP) sufrió una debacle durante los ocho años de gestión de Consuelo Porras y su camarilla de impunidad. A nivel nacional e internacional se le atribuyeron acciones para la obstrucción de la justicia, el desmantelamiento institucional, la protección de redes criminales y la persecución de quienes combatían la corrupción. Ahora esos nefastos hechos han sido confirmados por la administración del fiscal Gabriel García Luna.
El secretario general del MP, Edwin Chavajay, admitió el miércoles pasado que durante la gestión de Porras esa institución fue objeto de una “paulatina cooptación y desmantelamiento, cuyo objetivo era garantizar la impunidad”. Durante su disertación en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), efectuada en Washington, expresó que el derecho penal dejó de ser un instrumento de justicia para convertirse en un mecanismo de persecución.
En la pasada administración, Ángel Pineda, ex secretario general del MP, era una de las piezas claves para la cooptación del MP por parte de grupos criminales, que difundían falsedades, como un supuesto fraude electoral en 2023. De forma descarada urdían un complot para tratar de derribar al gobierno de Bernardo Arévalo. Ahora Chavajay, sucesor de Pineda, reconoce el involucramiento del MP en esa conspiración, en el que seguía directrices de estructuras extremistas, como la Fundación contra el Terrorismo. Según Chavajay esas acciones contribuyeron al debilitamiento institucional del MP y a la erosión del Estado de derecho.
