Edwin Chavajay, secretario general del Ministerio Público (MP), reconoció este miércoles 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la institución sufrió un proceso de “paulatina cooptación y desmantelamiento por parte de grupos de poder interesados en perpetuar la impunidad y la corrupción”.
Según explicó, esta captura institucional se tradujo en una “instrumentalización del derecho penal” que alcanzó su punto más crítico durante el mandato de la exfiscal general Consuelo Porras, afectando la independencia de la entidad y erosionando el Estado de derecho en el país.
Durante la audiencia pública del 196 periodo de sesiones, Chavajay detalló que esta estructura de poder no solo buscó proteger intereses particulares, sino que utilizó la persecución penal como un arma contra actores específicos, ejecutando un “uso indebido del derecho penal contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas y periodistas”.
Además, denunció formalmente que las acciones de la fiscalía estuvieron orientadas a “cuestionar los resultados de las elecciones generales del 2023 en Guatemala y la legitimidad del gobierno democráticamente electo”, una estrategia que, según afirmó, contó con la complicidad de algunos jueces y magistrados que aún permanecen en sus cargos.
