Andrés Hernández Ramírez, jefe de comunicaciones del presidente Gustavo Petro y antiguo cónsul de Colombia en México, es acusado de nuevo por distintas personas de robo, estafa y deudas millonarias desatendidas desde hace años. EL PAÍS revela en exclusiva cuatro denuncias con documentos, testimonios y conversaciones que muestran cómo aprovechó su condición de poder para cometer esos presuntos delitos. Las denuncias muestran un patrón de comportamiento de Hernández, quien salió del consulado luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontrara que incumplía los requisitos para asumir el cargo, pero fue reintegrado por el Gobierno saliente como asesor de prensa, gestor de comunidades y medios digitales y, finalmente, como una de las personas de más confianza del presidente. Todo eso pese a las denuncias en su contra publicadas por este diario en 2024. Con el paso de los meses, el poder de Hernández en la Casa de Nariño creció al punto de ser el responsable de coordinar la estrategia mediática de todo el Ejecutivo y de organizar las entrevistas y las declaraciones del mandatario de izquierda. EL PAÍS buscó a Hernández para conocer su versión sobre cada acusación, pero se negó a contestar las llamadas y aseguró que solo respondería a un cuestionario por escrito. Una vez enviadas las preguntas, afirmó que no se pronunciaría y que dejaba todo en manos de su abogado. “Le contestaré sus preguntas una vez me reúna con mis abogados, la oficina del doctor Julio César Ortiz Gutiérrez, quien es mi vocero. Por el momento, por este chat que me contactó y al que me contactan sus colegas, solo responderé los temas relacionados con las comunicaciones de la presidencia de la República”, escribió por WhatsApp. EL PAÍS se comunicó con la oficina de Ortiz, pero hasta el momento de la publicación tampoco había obtenido ninguna respuesta.Deudas por 42 millones de pesos con una subalternaCarla Fernández Franco ha trabajado como auxiliar administrativa en el consulado de Colombia en México desde hace muchos años. Cuando llegaba un nuevo cónsul a la Ciudad de México, solía ofrecerle su tarjeta de crédito personal para que comprara los elementos básicos que necesitaba mientras abría una cuenta bancaria. Nunca tuvo problemas con ellos, dice; los nuevos funcionarios, sus jefes directos, usaban su tarjeta, la pagaban y, tras un par de semanas, se la devolvían. Era un gesto de cordialidad que facilitaba el proceso de instalación. Todo parecía igual con Hernández, nombrado cónsul por el presidente Gustavo Petro en 2023. “Cuando llegó, le ofrecí mi tarjeta. Me dijo que sí y la empezó a usar. Los primeros meses me pagaba sin problema. Así ocurrió durante seis meses, hasta que empezó a incumplir”, dice Fernández, quien en la práctica trabajaba como asistente de Hernández. Ahí empezó lo que ella llama “engaños” y “manipulaciones”. “Me prometía que me pagaba la próxima semana, el mes siguiente, que no me preocupara, y seguía usando mi tarjeta para sus compras”, recuerda. Pasaron varios meses, los intereses se aumentaban y Fernández decidió pagar directamente para evitar sanciones en su historial crediticio. “Nunca desconfié porque él había pagado al principio”, reconoce.Entre tanto, le había contado a Hernández que estaba ahorrando para viajar con sus hijos. “Me dijo que le prestara la plata para un viaje que tenía a Disney, en Estados Unidos, y que apenas regresara a México me la devolvía, así como el dinero que faltaba de la tarjeta de crédito”. Ella lo hizo, pero pasaron los meses y él nunca pagó. En total, la deuda fue -es- de 196.000 pesos mexicanos, equivalentes a 42 millones de pesos colombianos, la suma de varios meses de salario de Fernández y parte importante de sus ahorros. Mientras tanto, Hernández pedía prestado dinero a otros funcionarios del consulado. Cuando Fernández se enteró del proceso jurídico para anular la designación de su jefe como cónsul por incumplir los requisitos, le pidió el pago. Ante la negativa, logró que firmara un pagaré. El documento, en poder de EL PAÍS, está fechado el 11 de noviembre de 2024. “Por medio del presente título de crédito yo, Andrés Camilo Hernández Ramírez, en lo sucesivo referido como la parte deudora, hago constar que debo y pagaré de manera incondicional y sin excepción alguna la cantidad de $196,000.00 de pesos mexicanos o 42 millones de pesos colombianos”, comienza. “El pago total de la cantidad monetaria adeudada al amparo del presente pagaré deberá ser efectuado por la parte deudora a la parte beneficiaria a más tardar el día 31 del mes de diciembre del año 2024”. El documento establece que, en caso de incumplimiento del pago total en esa fecha, Hernández deberá asumir los intereses que la deuda siga generando. “Me firmó el pagaré a regañadientes”, dice Fernández. Cuenta que acordaron guardar el documento en la caja fuerte del consulado y que, una vez él pagara, ella lo rompería en su presencia. Sin embargo, días antes de que Hernández saliera de México, Fernández buscó el pagaré en la caja fuerte y no estaba. Le reclamó a Hernández. Le dijo que si no se lo devolvía, no le firmaba los documentos de paz y salvo que necesitaba para dejar el cargo. El último día lo entregó, pero hasta la fecha, más de año y medio después, el jefe de comunicaciones del presidente no ha pagado. Así lo demuestran muchos correos y mensajes de WhatsApp enviados por Carla. El 8 de julio de 2025, Hernández le contestó por fin uno. “He estado reuniendo tu dinero, solo que me han tenido ocupado los dos procesos disciplinarios que me abrieron y estamos en alegatos. Una disculpa, espero solucionarte lo más pronto”. Hasta hoy, no ha vuelto a contestar.Desayunos y almuerzos sin pagar María Ricardina Sánchez, de 51 años, trabajó en el consulado de 2013 a 2024 ocupándose de cocina y aseo, y en paralelo tenía allí un negocio de comida. Preparaba y vendía desayunos, almuerzos y a veces cenas para los funcionarios. Ella compraba los alimentos, los cocinaba y los ofrecía muy baratos: su almuerzo costaba 80 pesos mexicanos, mientras que en un restaurante del sector podía valer 200 o 300 pesos. Los empleados le pagaban de inmediato, máximo al final de cada semana. “El señor cónsul me quedó debiendo todos los desayunos y almuerzos desde que llegó a México hasta que se fue”, dice María a EL PAÍS. “Al principio, cuando le cobraba, me decía: ‘Tranquila, doña Marí, después le pago cuando saque el dinero del cajero’, pero nunca me pagó ni un almuerzo. Me quedó debiendo 34.800 pesos mexicanos”, dice, o cerca de 8 millones de pesos colombianos.Para María, era dinero para el arriendo y la alimentación de su familia. “Me robó de frente”, dice, indignada. “Desayunaba, almorzaba, llevaba invitados y nunca nos pagó. Yo le cobraba y le cobraba, pero después me daba pena y miedo porque era mi jefe”, recuerda sobre su función en los servicios generales. Fuentes del consulado consultadas por EL PAÍS confirman que los demás funcionarios, incluyendo los cónsules anteriores y posteriores, pagaban los desayunos y los almuerzos.María afirma que Hernández siempre tenía una excusa distinta para no pagarle, y que finalmente dejó de contestarle. “Mi hija menor me ayudaba a comprar la comida para cocinar y se daba cuenta de todas las cosas que nos hacía el jefe. Me decía: ‘Ma, ese señor nunca le va a pagar’, pero yo no podía hacer nada porque era el cónsul”. Lo que más rabia y tristeza le da a María, dice, es que Hernández debía defender a los colombianos en México, pero se aprovechó de algunos indefensos, como ella. Hoy, pensionada, vive en el campo colombiano. “Ojalá, si el excónsul lee este artículo, aparezca y me pague lo que me debe”, concluye. “Me pidió unos productos y nunca los pagó: es una deshonestidad, un robo”Una mujer colombiana que vive en México y pidió cambiar su nombre por miedo a represalias también denuncia a Hernández. Se dedica a fabricar y vender velas y también limpia casas para juntar el dinero suficiente para sobrevivir. A fines de 2024 se acercó al consulado a vender sus productos para el tradicional día de velitas. Hernández le hizo un pedido grande, de más de 4.000 pesos mexicanos, cerca de 800.000 pesos colombianos. Cuando ella llevó las velas, el entonces cónsul le dijo que no tenía efectivo para pagarle en ese momento. Nunca lo hizo.Camila le envió numerosos mensajes rogándole y recibía promesas de que le consignaría la semana siguiente, hasta que Hernández dejó de contestar. “Los otros funcionarios que compraron me pagaron siempre a tiempo. Llevo varios años vendiendo velas a los colombianos en México y nunca me había pasado eso”, dice en conversación con EL PAÍS. “Nunca fui grosera, le decía: ‘Consul, por favor, necesito que usted me deposite, ayúdeme, apóyeme, págueme”. Camila, igual que María y Carla, afirma sentir decepción porque un funcionario público la engañó. “¿Qué le parece a usted que alguien me pida unos productos y no los pague? Eso en Colombia, en México, en cualquier país del mundo, es una deshonestidad, un robo”. Camila explica que hacer las velas toma muchos días y las vende en la calle y para celebraciones especiales. “Es un sacrificio, es inversión de tiempo y plata... nunca me imaginé que el señor Andrés Hernández me iba a robar esa plata. Era el cónsul, la persona que nos tiene que cuidar, ayudar. Lo que me debe es más de lo que me vale el arriendo en Ciudad de México”, dice. Y remata: “Ojalá tome un poco de conciencia, para él no es mucho dinero, pero para nosotros sí”. La deuda de 20 millones de pesos a una ex funcionariaSonia Cuesta trabajó por 26 años en el consulado. Ahorró un pequeño porcentaje de su sueldo cada mes, en previsión de su vejez. En agosto de 2023, cuando cumplió su sueño de pensionarse y regresar a Colombia, había juntado 24.564 dólares, entonces poco más de 100 millones de pesos colombianos. El entonces cónsul la acompañó al banco a cerrar su cuenta de ahorros en México. Cuando le dijeron que solo podían transferirle el dinero cuando tuviera una cuenta en Colombia, Hernández, que era su jefe y su amigo, le ofreció recibirlo en una a su nombre, y se comprometió a enviárselo cuando ella se lo pidiera. Era un favor, no un préstamo. Han pasado casi tres años y el excónsul aún no le ha entregado el dinero completo, le debe 20 millones de pesos. En la última conversación que tuvieron por WhatsApp, en enero de 2025, Hernández reconoce la deuda y asegura que pagará pronto: “Hola, Sonia, estos días ya te dejo los 20 que faltan, perdón la demora”. EL PAÍS publicó la denuncia de Sonia en 2024. El jefe de comunicaciones de Presidencia aseguró entonces que era una deuda personal que pagaría inmediatamente. “No me ha pagado aún, ni me contesta los mensajes. El pasado 24 de febrero me citaron en la Fiscalía, declaré los hechos y presenté la evidencia. La denuncia por estafa va en proceso”, cuenta Sonia este martes por teléfono. Dice que se siente burlada y decepcionada de que Hernández siga en un cargo alto, como si nada hubiera pasado. “Ojalá esto no le pase a nadie más. Esto que nos ha ocurrido a muchos es un patrón. El excónsul Hernández es un estafador”.