NoticiaA través de una tutela, el exministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro logró enfrentar su proceso sin estar privado de la libertad.Bogotá julio 2 de 2024. Declaración del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al cierre de su gestión al frente de la cartera de Gobierno.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, acaba de recobrar su libertad a través de un fallo de tutela resuelto a su favor. Estaba preso desde el pasado 18 de diciembre, cuando una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá consideró que debía permanecer bajo vigilancia en el marco del expediente en el que se le acusa por el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la gestión de proyectos del gobierno Petro con esos recursos.Velasco permanecía recluido en una guarnición militar en Cali, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá considerara que resultaba más garante con su seguridad. Como le confirmaron fuentes al interior de la Corte Suprema de Justicia a EL TIEMPO, Velasco quedó libre gracias a que invocó la protección de varios de sus derechos fundamentales. Luis Fernando Velasco Foto:Luis Fernando VelascoVelasco, así como el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de acuerdo con la Fiscalía habrían sido las cabezas de un "pacto criminal" al intentar corromper al Congreso para pasar las reformas sociales del Ejecutivo. A cambio de sumar apoyos, agrega la Fiscalía, habrían ofrecido 79 proyectos de la UNGRD e Invías por más de medio billón de pesos, de los cuales solo siete se ejecutaron.Al momento de ser enviados a prisión, la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, señaló que "los imputados no actuaron de manera episódica o aislada, sino que habrían integrado desde posiciones de liderazgo un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública".En el escrito de acusación se detallan episodios como el de junio de 2023, cuando Velasco le habría ordenado a Olmedo López apoyar la reforma pensional. Para ello, debía presentarse a uno de los debates en la Comisión Séptima del Senado, con el objetivo de acordar contratos con ciertos parlamentarios y ampliar las mayorías en esa célula legislativa, clave para tramitar reformas estructurales como la de salud y pensiones. En ese contexto, debía ponerse a disposición de la senadora Martha Peralta Epieyú, quien lideraba por el Gobierno el respaldo a la reforma.Tres meses después, en el empalme entre las exasesoras de Bonilla, Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides, se habría dejado en evidencia que, para mantener la gobernabilidad, era necesario direccionar proyectos regionales a favor de congresistas, los llamados “cupos indicativos”, que eran autorizados por el entonces ministro de Hacienda.En ese espacio, se le habría entregado a Benavides una tabla en Excel con la relación de proyectos del Invías que se tramitarían y asignarían a algunos parlamentarios a cambio de su respaldo político.Luis Fernando Velasco, Foto:Luis Fernando Velasco,En total, fueron 71 proyectos gestionados con este propósito, distribuidos así: 13 en la Comisión Cuarta de Cámara (Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena) por $142.658 millones; 19 en la Comisión Cuarta de Senado (Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas) por $80.816 millones; 14 en la Comisión Tercera de Senado (Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre) por $155.145 millones; y 25 en la Comisión Tercera de Cámara (Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico y Arauca) por $177.380 millones.Jhoan Sebastian Cote Lozano Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
