EDITORIALPara la implementación de este nuevo ente y la toma total de funciones se prevé un plazo máximo de dos años.
Reza un dicho que el éxito siempre tiene muchos padres y el fracaso es huérfano. Eso aplica a congresistas que, tras la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario, salen a presumir que siempre la impulsaron y que hasta se esforzaron por aprobarla en una larga sesión. En realidad, es simplemente su trabajo, ampliamente pagado incluso con el ilícito sobresueldo que devengan. Durante mucho tiempo fueron los usuarios de los puertos, es decir, sectores de exportación, comercio, transporte y servicios logísticos quienes clamaron por una normativa moderna, funcional e integradora de las dos portuarias actuales.
No está de más resaltar la prudente pero firme postura de la Embajada de Estados Unidos acerca de la necesidad de asegurar los procesos portuarios bajo estándares internacionales de rendimiento, transparencia y desarrollo tecnológico. Alcanzar esas metas será la tarea de la Autoridad Nacional Portuaria, un ente colegiado cuyo directorio será presidido por el representante designado por la Presidencia de la República o su suplente, con miembros de las carteras de Economía, Comunicaciones y Gobernación, así como un representante del Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional, es decir, del sector privado.
