Las políticas de seguridad que han dado resultados en el mundo tienen un punto de partida que casi nunca aparece en los discursos. Antes que más armas, más patrullaje o más estados de excepción, existe inteligencia.
El resultado se vivió hace unos meses en Pataz, donde entre policías y militares se enfrentaban por quién trabajaba con la mafia. Sin la capacidad de reconocer cómo operan las organizaciones criminales, quiénes las financian, cómo lavan dinero y dónde se infiltran cualquier despliegue militar termina siendo una demostración de fuerza que tranquiliza por unos días, pero que rara vez cambia la realidad y al contrario la empeora.
Por eso sorprende que la presidenta Keiko Fujimori haya colocado la militarización de las calles en el centro de su propuesta de seguridad. No porque las Fuerzas Armadas no puedan cumplir funciones excepcionales, sino porque el problema del Perú no empieza por la ausencia de soldados. Empieza por un Estado que ha ido perdiendo herramientas para investigar y perseguir a las mafias mientras estas fortalecían su poder económico y territorial.
Allí aparece una contradicción que el fujimorismo no ha explicado. Resulta difícil ofrecer mano dura cuando se ha formado parte de una mayoría parlamentaria que impulsó decisiones que caminaron en sentido contrario.
