De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), existen varias pruebas que permiten inferir que la guerrilla de las Farc tuvo una participación directa en el magnicidio del dirigente político conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado por sicarios el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de dictar una clase en la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá. Así lo detalló la magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Julieta Lemaitre Ripoll, al citar la existencia de evidencia que estaba contenida en varios expedientes en la Fiscalía General sobre este hecho que sacudió al país hace tres décadas.Los familiares de Gómez Hurtado han asegurado que el exsenador Julián Gallo, quien hizo parte del Secretariado de las Farc, miente sobre la participación de ese grupo guerrillero en la planeación y ejecución del crimen.Tras contrastar la información, explicó la magistrada: “Encontramos varios reportes que nos confirman que esta modalidad de crimen la cometían las estructuras urbanas, es decir, asesinatos bajo la modalidad de sicariato en los que no reclamaban su autoría. Tenían sus razones y cada uno de quienes reconocieron estos hechos las expuso. Además, tenemos esos casos documentados porque, en las ciudades, la Fiscalía pudo reconstruir algunos de ellos”.¿Las Farc actuaron solas? Los cabos sueltos del crimen de Álvaro Gómez“Entonces tenemos documentado el modus operandi, las estructuras, y eso coincide. En particular, en el caso de la familia Gómez, que ha afirmado públicamente que no es cierto que la célula urbana a la que se refiere el compareciente cometió el crimen, profundizamos en ese aspecto y, tras cruzar varios expedientes, que es parte de lo que pudimos hacer, encontramos evidencia que convence a la Sala de que existen razones para pensar que, en el caso de Álvaro Gómez, por lo menos dos de los sicarios que cometieron el asesinato efectivamente pertenecían a la red urbana”, explicó.“Candonga de plata”La magistrada detalló que existen varias pruebas documentales sobre las personas que participaron en el atentado sicarial.“La evidencia más fuerte es que los retratos hablados elaborados tras el asesinato, en 1995, reportan que uno de los sicarios tenía una candonga de plata”, relató.“En 1996, unos policías asesinan a varios miembros de la red urbana, entre ellos a una de las personas que Julián Gallo dice que mató a Álvaro Gómez, Juan Carlos Palacios. Cuando se revisa la necropsia de Juan Carlos Palacios, efectivamente se reporta que el cadáver tenía una candonga de plata”, añadió.Otras declaraciones recolectadas por las autoridades judiciales de la época también coinciden en señalar varias características físicas de los sicarios.“Lo podemos contrastar con las fotos que encontramos en una revista que la misma red urbana publicó en 1998. Y la otra evidencia es que había un infiltrado de la Policía en esta red urbana que, en unas declaraciones secretas rendidas ante la Fiscalía en 1996, le dijo que esa entidad debía investigar la autoría de las Farc en el asesinato de Álvaro Gómez. No es un infiltrado que haya participado”, detalló.“Lo que él dice es que la manera como se manejó el asesinato de Álvaro Gómez al interior de las estructuras urbanas de las Farc era la misma como se manejaban los crímenes que cometía esa organización, mediante una figura que llamaban parte de guerra. Mientras que otros hechos, otros crímenes que se cometieron en la época en los que ellos no participaban, los manejaban como noticias o como asuntos de orden público, pero no como parte de guerra. Lo de parte de guerra se reservaba para las acciones de ellos”, aclaró la magistrada de la JEP.Estas pruebas, además de la declaración de un infiltrado conocido con el nombre clave de Código Luna y las versiones rendidas por el excongresista del partido Comunes, señalan que este dio la orden a esa célula urbana de cometer el asesinato, “como de otros exguerrilleros que han venido a decir de oídas, que ellos en la época sí oyeron, que no es un testimonio, pues muy contundente, porque a la larga es algo que se oyó, pero confirman lo que se ha venido describiendo”.La evidencia citada permitiría sostener la participación y el conocimiento de las Farc en este asesinato. “Entonces, la Sala tiene razones suficientes para pensar que por lo menos dos de los sicarios sí eran de la red urbana”, enfatizó.La familia del excandidato presidencial ha señalado al cartel del Norte del Valle como autor intelectual del crimen.Frente a esto, la magistrada indicó que se evalúan varias hipótesis. “Nosotros lo que podemos decir es que tenemos razones para pensar que Julián Gallo está diciendo la verdad y que por lo menos dos de los sicarios pertenecían a la red urbana. Incluso tenemos la misma duda que ha manifestado la familia respecto a los motivos que tendrían las Farc para matar a Álvaro Gómez. Parece completamente irracional vincular el asesinato a que él, a principios de los años 60, dijo en el Congreso que los campesinos que formaron las Farc eran repúblicas independientes. No parece haber ninguna racionalidad allí, pero también creemos que, por el lugar de mando que tenía en ese momento Julián Gallo, sus superiores no tenían por qué compartirle los motivos, más allá de decirle: ‘proceda’”, expresó.Para la magistrada, no se puede perder de vista el contexto histórico. “La Sala ubica este asesinato en la convulsionada década de los años 90, cuando muchos de estos grandes magnicidios, décadas después, se han revelado como el resultado de la confluencia de actores criminales. Entonces considera que es competencia de la Fiscalía General de la Nación, que además ha declarado este crimen de lesa humanidad, precisamente con base en la hipótesis de que en él participaron los paramilitares, porque se trata de actores sobre los cuales la JEP no tiene competencia”, indicó.