La magistrada de la JEP Julieta Lemaitre explica los hallazgos del primer auto de imputación del Caso 10, que investigó crímenes atribuidos a los bloques Oriental y Sur de las Farc. Habla de los patrones de violencia contra campesinos, el terrorismo urbano, el atentado al Club El Nogal y el asesinato de Álvaro Gómez. ¿Qué representa este primer auto del Caso 10 y qué encontraron en los relatos de las víctimas de los bloques Oriental y Sur?Este es el primer auto del Caso 10 y es una imputación conjunta con el Caso 1. El Caso 10 reúne los informes que recibió la JEP sobre crímenes que no eran secuestro ni reclutamiento forzado y que tampoco estaban incluidos en otros casos. La mayoría provienen de organizaciones de víctimas y mesas municipales de departamentos como Meta, Arauca, Casanare, Caquetá, Putumayo y Guaviare. También tenemos información de Bogotá, Florencia, Villavicencio y Neiva.Ese territorio comprende más de la mitad del país. Ahí fue donde empezaron las Farc y donde consolidaron buena parte de su presencia.¿Qué patrones de criminalidad identificó la JEP?Encontramos tres patrones. El primero corresponde a los crímenes de control social y territorial. Lo que más tenemos son asesinatos de campesinos y desplazamiento forzado por desobedecer a la guerrilla. También encontramos violencia sexual utilizada como castigo.El segundo patrón corresponde a la guerra misma. Hay tomas de pueblos, destrucción, ataques contra civiles, víctimas militares y policiales cuando se violaban las leyes de la guerra y ejecuciones fuera de combate.Magistrada relatora del caso 01, Julieta Lemaitre Foto:JEPEl tercer patrón es el terror urbano. Allí aparecen las bombas, los atentados y los asesinatos selectivos cometidos por pequeñas células clandestinas de las Farc.¿Qué reflejan los testimonios de las víctimas rurales?Muchas personas vivieron durante décadas bajo el dominio de la guerrilla y también quedaron atrapadas entre la guerrilla y los paramilitares. En los lugares donde las Farc consolidaban su control, especialmente donde había coca, ejercían un gobierno muy autoritario.Los informes cuentan que cuando llegaban los paramilitares la violencia era todavía más cruel porque tenían una estrategia deliberada de generar terror. Para los campesinos, todo hacía parte del mismo continuo de violencia.¿Cuáles son los principales crímenes documentados?El grueso son asesinatos y desplazamiento forzado. También encontramos algunos casos de violencia sexual como castigo, algunas torturas y ataques contra miembros de la Fuerza Pública, pero si uno dijera cuál es el crimen que más tenemos es que mataban gente. Mataban campesinos, maestros, pastores evangélicos, jueces y personas que no obedecían.¿Cómo operaban las Farc en las ciudades?Funcionaban mediante células muy pequeñas y clandestinas. Eran grupos de cuatro o cinco personas que no se conocían entre sí. Su misión era poner bombas, realizar atentados y asesinar a personas que declaraban objetivo militar.Los exjefes de las Farc Julián Gallo (i), Pastor Alape (c) y Rodrigo Londoño. Foto:Isabel Valdés. JEPEn las ciudades el esclarecimiento es mucho más difícil porque trabajaban en secreto y muchas veces ni siquiera los propios mandos conocían a todos los integrantes de esas estructuras.¿Qué ha podido establecer la JEP sobre el atentado al Club El Nogal y por qué se cometió?Algo que ocurrió con la columna móvil Teófilo Forero es que muchos de los comandantes que estaban activos en esa época murieron y no llegaron al Acuerdo de Paz. Quien habría conocido toda la historia era Hernán Darío, pero no llegó vivo al proceso.Lo que tenemos son las versiones de sus superiores. Joaquín Gómez reconoce responsabilidad como integrante de la cadena de mando, pero sostiene que la decisión concreta fue tomada entre alias el Paisa y alias Mono Jojoy. Dice que, como jefe de alias el Paisa, debió darse cuenta de que algo iba a ocurrir, pero que nunca le informaron sobre esa operación específica.Encontramos en el computador de alias Mono Jojoy un correo firmado con los nombres de Jorge, Joaquín y toda la plana mayor. Ellos sostienen que son responsables por la cadena de mando, pero dicen que ese correo no lo firmaron. Es posible que lo hubiera escrito alias Mono Jojoy incluyendo los nombres de todos.Lo que sí entendimos es que las Farc buscaban hacer una acción de alto impacto en las ciudades. La acción concreta dependía de las propuestas que hicieran las células urbanas.¿Cómo se planeó el atentado?Todo indica que los dos hombres que murieron manipulando la bomba eran los hermanos Arellano. A ellos les llevaron la propuesta de que tenían acceso al Club El Nogal y que allí podían realizar una acción de gran impacto. Así fue como se organizó la operación.Fachada Club El Nogal Foto:Club El NogalHay otros dos hermanos que fueron condenados por estos hechos y hoy piden la revisión de sus sentencias. Ellos sostienen que quienes cometieron el atentado fueron los otros dos hermanos y que fueron condenados únicamente por su parentesco. Son los únicos comparecientes que conozco que se declaran inocentes. Ese asunto deberá resolverlo la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.¿Qué buscaban las Farc con el atentado contra El Nogal?Eso está explicado en el correo encontrado en el computador de alias Mono Jojoy, cuya cadena de custodia sí fue preservada.En ese documento se dice que en El Nogal se reunían embajadores y personas importantes, pero, sobre todo, que las Farc sentían la presión del Ejército después de la zona de distensión y querían obligarlo a distraer parte de sus tropas hacia Bogotá.No esperaban el cambio de estrategia militar que consistió en ocupar y permanecer en el territorio, especialmente en zonas como La Macarena. Estaban desesperados porque querían que el Ejército saliera de esas regiones y por eso buscaban un atentado de gran impacto en Bogotá.Eso hacía parte de un plan más amplio. Muchas acciones en otras regiones del país también buscaban que el Estado concentrara su pie de fuerza en la capital. Incluso llegaron a rodear Bogotá con varios frentes guerrilleros.¿Encontraron evidencia de que en El Nogal se reunieran paramilitares?Esa es una hipótesis que ha circulado, pero el correo de alias Mono Jojoy, que es el único documento contemporáneo sobre la planeación del atentado, no dice nada de eso.Atentado al club El Nogal, el 7 de febrero de 2003. Foto:Archivo EL TIEMPOAlgunos exintegrantes de las Farc afirman que allí hubo reuniones, pero los propios paramilitares, tanto en Justicia y Paz como en otros escenarios, dijeron que no se reunían en El Nogal.Lo que sí parece probado es que la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, se hospedaba allí algunas veces porque el club tenía habitaciones para socios que vivían lejos y necesitaban quedarse cerca de sus oficinas.Es posible que las Farc hubieran creído que allí se reunían determinados funcionarios o personas, pero no encontramos evidencia de que efectivamente el club fuera un lugar de encuentro de paramilitares. Lo que sí aparece claramente en el correo es la intención de distraer al Ejército con un golpe muy fuerte en Bogotá.¿Qué reflexión le deja ese caso después de la investigación?Las víctimas suelen sobreestimar el nivel de información y la capacidad de quienes cometieron estos crímenes. Es muy difícil aceptar que un hecho tan grave haya ocurrido por errores o improvisación.Muchas veces se piensa que existía un plan perfectamente diseñado y que los responsables sabían absolutamente todo, pero la realidad es que en ocasiones eran personas muy improvisadas, incluso para cometer crímenes.Julieta Lemaitre, magistrada de la JEP. Foto:Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPOHay una víctima que decía que pensaba que una guerrillera era muy seria y después descubrió que le había mentido. Mentir hacía parte de la forma como operaban las Farc.¿Qué encontró la JEP sobre el asesinato de Álvaro Gómez?Ellos ya habían reconocido, hace unos cinco años, el asesinato de Álvaro Gómez y de otras personas asesinadas bajo la modalidad de sicariato. La familia siempre ha dicho que los motivos que dieron las Farc para matarlo son muy pobres y, en efecto, son motivos muy pobres. Es posible que hubiera más personas involucradas y eso debería investigarlo la Fiscalía.Nosotros revisamos todos los expedientes, incluida información que la Fiscalía tenía en otros procesos, y encontramos razones para creer que al menos dos de los sicarios eran integrantes de las Farc. Son dos hombres a quienes posteriormente mató la Policía.Tenemos fotografías de ellos, descripciones y otros exintegrantes los han reconocido. Treinta años después ya no es posible hacer un reconocimiento formal, pero en su momento se elaboraron retratos hablados que coinciden. Además, uno de ellos tenía una candonga de plata en una oreja, un rasgo poco común.En 1996, un infiltrado informó a la Fiscalía que quienes mataron a Álvaro Gómez fueron las Farc. A partir de ahí se fueron recopilando las pruebas. Hay razones para creerle cuando afirma que los sicarios fueron puestos por las Farc.El líder político Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995. Foto:Luz Helena Castro.Archivo El TiempoSi hubo una conspiración más amplia, como sostiene la familia, eso ya no nos corresponde establecerlo. La decisión lo dice expresamente: si hubo más personas involucradas, ese es un asunto distinto. Lo que sí podemos afirmar es que existen razones para pensar que al menos dos de los sicarios eran guerrilleros.Tenemos también excombatientes que dicen haber escuchado que las Farc estuvieron detrás del crimen, pero esos testimonios son de oídas y tienen poco peso probatorio. Lo que más pesa son los retratos hablados, la identificación de la candonga y la información aportada por el infiltrado.¿Qué sigue en el proceso después de este auto de imputación contra los 27 comparecientes?Ellos pueden escoger entre reconocer o no reconocer responsabilidad. Hasta ahora han venido reconociendo y lo más probable es que continúen haciéndolo, pero tienen ambas opciones. Las víctimas también podrán presentar observaciones sobre la imputación.Si el proceso avanza por la vía del reconocimiento, deberán hacerlo públicamente y de frente a las víctimas. Después el caso pasa al Tribunal para la Paz, que impone la sanción propia.¿En las células urbanas de las Farc era más difícil establecer la línea de mando?Sí. En las zonas rurales existía una estructura de mando mucho más amplia. En las ciudades funcionaban mediante células pequeñas, de cuatro o cinco personas. Cada integrante conocía únicamente a quienes trabajaban con él y, a través de ellos, llegaba al jefe. No era una estructura piramidal sino una red de pequeños grupos conectados.La idea era que ni siquiera los jefes conocieran a todos los integrantes para evitar que, si alguien era capturado y torturado, pudiera delatar al resto. Lo que no esperaban era que la Policía lograra infiltrarlos.Ese infiltrado aportó información muy importante. En el expediente hay fotografías de las casas de varios integrantes y la Fiscalía le mostraba imágenes para que identificara quién era quién. Así fue como desarticularon buena parte de esas células.En el caso de El Nogal existe la versión de que el Estado sabía que iba a ocurrir el atentado. ¿Encontró la JEP evidencia de eso?En lo que nosotros investigamos sobre las Farc no hay nada que apunte a eso.Lo que sí encontramos es que, en esa época, las Farc cobraban lo que llamaban vacunas. También había delincuentes comunes que enviaban faxes y cartas haciéndose pasar por las Farc para extorsionar. Eso ocurrió en muchos casos de secuestro y hace difícil saber con certeza quién estaba detrás de algunos cobros.Los comparecientes dicen que ellos pusieron la bomba, pero que no estaban cobrando dinero al Club El Nogal. El club sí recibió mensajes de extorsión a nombre de las Farc, pero en esa época era muy común que otras personas utilizaran el nombre de la guerrilla para boletear.Magistrados Julieta Lemaitre. Foto:Juan Camilo Velandia. JEPNo veo razones para pensar que las Farc negaran una extorsión si realmente la hubieran cometido, porque ese delito no es un crimen internacional y no tendrían un incentivo para ocultarlo.¿Encontraron evidencia de disputas internas en las Farc que terminaran en represalias contra civiles?No tengo ningún registro de eso. Las Farc eran una organización muy jerárquica. Si alguien desobedecía a sus superiores, podía costarle la vida.Incluso existía lo que llamaban el delito de desmoralización: si una persona no demostraba entusiasmo con el proyecto, la sanción podía ser la muerte. Era una organización muy disciplinada y no encontré evidencia de represalias internas derivadas de disputas entre sus integrantes.Sí existen relatos de los años ochenta sobre personas, civiles y policías, acusadas de ser infiltrados. En algunos casos decían que trabajaban para el Ejército, pero como quienes participaron en esos hechos ya murieron, hoy es imposible documentarlo plenamente.Lo que sí aparece con frecuencia es la acusación de infiltrado. Uno termina preguntándose si realmente lo eran o si simplemente eran personas cansadas de las Farc a quienes acusaban de infiltración y luego ejecutaban.¿Cómo fueron seleccionados los responsables que aparecen en esta imputación?Se imputó a 27 excomandantes. Muchos de los antiguos jefes murieron durante la guerra, así que seleccionamos a quienes tuvieron mayor poder, trayectoria y participación dentro de los frentes que operaban en esta parte del país.¿Qué sigue ahora en el proceso?Los comparecientes pueden reconocer o no reconocer responsabilidad. Hasta ahora han venido haciéndolo, pero tienen ambas posibilidades. Las víctimas también podrán presentar observaciones.Si reconocen responsabilidad de manera adecuada, el caso pasa al Tribunal para la Paz, que será el encargado de imponer la sanción correspondiente.Me gustaría que se hablara también sobre esos miles de campesinos y colonos que sufrieron esta guerra, donde hubo bombardeos, pueblos destruidos, campos minados, asesinatos y enfrentamientos entre ejércitos. Son víctimas que también merecen ser escuchadas y tener espacio en el debate público.Juan Diego Torres Lasso - Natalia Peláez Sabogal