NoticiaEntre los imputados están Rodrigo Londoño Echeverry conocido como ‘Timochenko’ y Julián Gallo Cubillos, exmiembros del secretariado de la guerrilla. Magistrados de la JEP. Foto: CortesíaSUBEDITOR DE JUSTICA04.08.2026 13:43 Actualizado: 04.08.2026 13:43
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación a 27 excomandantes de las extintas Farc por su presunta responsabilidad en desapariciones forzadas, homicidios, masacres, atentados, desplazamientos, torturas, violencia sexual y ataques contra la población civil ocurridos durante décadas en buena parte del sur y oriente del país.Más allá del número de comparecientes, el alcance de la decisión radica en que la JEP concluyó que esos hechos no respondieron a excesos individuales ni a actuaciones aisladas. La investigación sostiene que existieron patrones criminales claramente identificables y que las estructuras guerrilleras actuaron bajo una lógica organizada que convirtió la violencia en un mecanismo para ejercer control político, militar y social sobre extensas regiones del territorio nacional.Uno de los elementos más contundentes del auto es el retrato que hace de la impunidad que rodeó estos hechos durante años. Según la JEP, en la justicia ordinaria el 97 % de estos crímenes nunca llegó a juicio y cerca del 90 % permanecía apenas en etapa preliminar. Ese vacío judicial permitió que miles de víctimas esperaran durante décadas una decisión que estableciera responsabilidades concretas.Magistrado de la JEP. Foto:CortesíaLa investigación también pone el foco sobre quienes ocuparon los más altos niveles de mando. Entre los imputados aparecen cuatro integrantes del último Secretariado con responsabilidad sobre los bloques Sur y Oriental: Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’; Julián Gallo, ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, ‘Mauricio Jaramillo’ o ‘El Médico’; y Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’. A ellos se suman otros 23 comandantes que, según la Sala, ejercieron mando y control sobre las estructuras responsables de los crímenes. La decisión judicial también deja claro que la guerra tuvo distintas expresiones y que cada una obedeció a un patrón específico. El primero corresponde a los crímenes cometidos durante las hostilidades: tomas guerrilleras, ataques contra estaciones de Policía, emboscadas, hostigamientos y acciones militares que terminaron afectando gravemente a civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Allí aparecen episodios como las tomas de Mitú y Miraflores, el uso de minas antipersonal y ataques en los que murieron niños, campesinos, militares y policías. Timochenko pide perdón a víctimas del secuestro Foto:El TiempoEl segundo patrón describe quizá uno de los capítulos menos visibles del conflicto: el control absoluto que, según la JEP, ejercieron las Farc sobre vastas zonas rurales. El auto recoge testimonios de campesinos que relataron haber vivido bajo un sistema de gobierno impuesto por la guerrilla, donde se regulaba la vida cotidiana, se imponían castigos, se cobraban extorsiones y se perseguía a quienes desobedecían órdenes, rechazaban el reclutamiento o eran señalados de colaborar con la Fuerza Pública. Ese modelo, concluye la Sala, derivó en cientos de desplazamientos, desapariciones, homicidios, torturas y hechos de violencia sexual. Atentado contra el Club El NogalEl tercer patrón traslada la investigación a las ciudades. Allí la JEP sostiene que las antiguas Farc desarrollaron una estrategia clandestina basada en atentados con explosivos y asesinatos selectivos que buscaban generar terror y demostrar capacidad operativa. Dentro de ese grupo aparecen hechos que marcaron la memoria colectiva del país, como el atentado contra el Club El Nogal, la casa bomba en Neiva, la moto bomba en Villavicencio y los rockets disparados durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Precisamente sobre el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, la decisión introduce uno de sus apartados más delicados. La Sala sostiene que existen elementos suficientes para concluir que al menos "dos de los sicarios pertenecían a la red urbana de las Farc bajo el mando de Julián Gallo, entonces conocido como 'Carlos Antonio Lozada'". Sin embargo, aclara que no tiene la misma certeza frente a los móviles intelectuales del crimen y deja abierta la posibilidad de que otros actores hayan participado en la determinación del homicidio, razón por la cual la Fiscalía General y la Comisión de Acusaciones mantienen competencia para continuar esas investigaciones. Club El Nogal Foto:EL TIEMPOLa decisión incorpora además, por primera vez, una imputación conjunta con el Caso 11 sobre violencia basada en género. La JEP concluyó que integrantes de los bloques Sur y Oriental utilizaron la violencia sexual como mecanismo de castigo, sometimiento y control contra mujeres civiles. Entre los hechos documentados aparecen agresiones contra mujeres señaladas de incumplir las normas impuestas por la guerrilla, así como violaciones ocurridas durante operaciones militares, incluido un caso registrado durante la toma de Puerto Rico, Meta, donde fueron agredidas sexualmente diez mujeres, entre ellas una menor de 13 años. Otro aspecto relevante es el volumen probatorio que respalda la decisión. La Sala fundamentó la imputación en los relatos de 2.436 víctimas acreditadas, 76 informes —37 de ellos elaborados por organizaciones de víctimas y comunidades—, expedientes de la Fiscalía, investigaciones previas de la propia JEP y las versiones rendidas por 82 comparecientes de la antigua guerrilla. Ese ejercicio permitió reconstruir responsabilidades individuales y establecer cómo operaban las cadenas de mando en los bloques investigados. LEA TAMBIÉN Ahora comienza una nueva etapa. Los 27 comparecientes deberán decidir si aceptan o rechazan la imputación formulada por la Sala. Si reconocen su responsabilidad y cumplen con los compromisos del sistema de justicia transicional, serán llamados a una audiencia pública y posteriormente el Tribunal para la Paz definirá una sanción restaurativa. Si no aceptan los cargos, sus expedientes podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y, de ser encontrados responsables en un proceso adversarial, enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.com Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
