El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha comenzado a mover la primera pieza de una reforma anticorrupción más amplia que irá a discusión en el próximo periodo de sesiones del Congreso, a partir de septiembre. La mandataria ha firmado este martes un decreto que endurece las reglas de transparencia para toda la Administración pública y, más que una medida aislada, funciona como la primera piedra del paquete legislativo que su Administración empuja para reconfigurar el combate a la corrupción tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI).EL PAÍS ha adelantado los detalles sobre el paquete de reformas y la estrategia que empuja el Gobierno. Con ello pretende desmontar el actual Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), reconstruir el esquema de auditorías y fiscalización, fortalecer las capacidades del Estado para perseguir el desvío de recursos públicos y establecer una coordinación obligatoria entre las principales instituciones encargadas de investigar redes de corrupción. El combate al huachicol fiscal y las redes de facturación falsa se perfilan como los objetivos más visibles de este nuevo entramado. El decreto que firmó la mandataria este martes forma parte de ello. La premisa política y jurídica apunta a que la información pública dejará de depender del criterio del funcionario que la administra. Es decir, la obligación de publicar datos se convertirá en un mandato para todas las dependencias federales, con reglas específicas sobre qué debe hacerse público y bajo qué excepciones estrictamente limitadas a razones de interés público o seguridad nacional.La medida representa el primer intento del Gobierno por responder a una de las principales críticas que acompañaron la desaparición del INAI: que la concentración de las funciones de transparencia en el Estado podía traducirse en menor acceso a la información pública.La presidenta defendió nuevamente la extinción del organismo autónomo al argumentar que representaba un gasto superior a los 1.000 millones de pesos anuales, acumuló escándalos de corrupción y dejó una Plataforma Nacional de Transparencia que, aseguró, permanecía caída con frecuencia. “No se necesita tanta burocracia para que la información sea transparente”, ha dicho. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, es la encargada, junto con un grupo de expertos y legisladores, de aterrizar la reingeniería que se construye desde hace meses. La funcionaria ha anunciado que la Plataforma Nacional de Transparencia, creada hace más de ocho años, fue estabilizada técnicamente y recibirá nuevas herramientas para facilitar la descarga y el análisis masivo de información. El decreto obligará a publicar información considerada de alto interés público que hasta ahora no formaba parte de las obligaciones ordinarias de transparencia. El primer frente será la contratación pública: todos los contratos del Gobierno federal dejarán de difundirse trimestralmente y serán actualizados cada mes.El segundo eje apunta directamente a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, dos áreas bajo cuestionamientos constantes por su opacidad. El Ejecutivo ordenará que se publiquen los estados financieros, la estructura de gobierno corporativo, las políticas de operación, los informes enviados a autoridades extranjeras y los contratos de las filiales de ambas empresas públicas.La tercera línea incorpora información sobre auditorías y fiscalización. La Secretaría Anticorrupción difundirá programas anuales de auditoría, estadísticas, seguimiento de observaciones y el padrón de despachos externos encargados de revisar el ejercicio del gasto público. El Gobierno también invitará a estados, municipios y otros poderes públicos a adoptar el mismo estándar de “máxima publicidad”, con la intención de construir un sistema homogéneo de apertura de datos.El decreto anticipa además un cambio de fondo en la forma de clasificar información reservada. Las actuales categorías serán simplificadas para restringir las excepciones prácticamente a dos supuestos: interés público y seguridad nacional. Incluso en esos casos, la instrucción será privilegiar la elaboración de versiones públicas antes que reservar en su totalidad los documentos. La decisión no llega aislada. Forma parte del entramado institucional que la Administración de Sheinbaum comenzó a diseñar tras asumir el poder y que se pretende llegue como un paquete de reformas en septiembre. Sheinbaum confirmó que el contenido del decreto será incorporado posteriormente a la nueva Ley General de Transparencia que alista la Consejería Jurídica junto con la Secretaría Anticorrupción. Que se suma al paquete legislativo; será uno de los pilares de la ofensiva anticorrupción que también contempla modificaciones para cerrar espacios al contrabando de combustible, el combate de empresas factureras y fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización del Estado.El decreto es el primer ensayo del nuevo entramado. La verdadera disputa comenzará en septiembre, cuando el Congreso discuta el paquete de reformas con el que el Gobierno pretende redefinir las reglas de transparencia y combate a la corrupción para los próximos años.