La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes un decreto para fortalecer la transparencia del Gobierno federal, con el que se eliminará la discrecionalidad de los servidores públicos para decidir qué información puede hacerse pública y se establecerán nuevas obligaciones de difusión sobre contratos, auditorías, fiscalización y empresas públicas.Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que el decreto será publicado este martes y, posteriormente, sus disposiciones se incorporarán a la Ley General de Transparencia mediante una iniciativa que será enviada al Congreso al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.Sheinbaum defendió la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al asegurar que el organismo implicaba un gasto superior a mil millones de pesos anuales y que sus funciones pueden realizarse desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.Aunque los adversarios digan que era la mejor institución del mundo, no lo era; no se necesita tanta burocracia para que la información sea transparente.La presidenta sostuvo que uno de los principales cambios del decreto consiste en retirar a los servidores públicos la facultad de decidir, con base en su propio criterio, qué información debe mantenerse reservada.“Ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de un director de Pemex, de CFE o de cualquier dependencia; ya hay lineamientos específicos sobre lo que debe ser transparente y aquello que, por un procedimiento administrativo, judicial o por razones de seguridad nacional, no puede informarse”, explicó.Añadió que la Plataforma Nacional de Transparencia será fortalecida durante el próximo mes para ampliar la información disponible y facilitar el acceso público a los datos del Gobierno federal.Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto busca fortalecer el principio constitucional de máxima publicidad y promover que las instituciones publiquen información más allá de las obligaciones mínimas previstas en la ley.La funcionaria informó que la Plataforma Nacional de Transparencia, que durante la transición recibió con problemas de funcionamiento y “estaba caída casi todo el tiempo”, ya fue estabilizada.Además, se incorporaron herramientas que permitirán descargar y analizar la información con mayor facilidad.Buenrostro anunció que, en un plazo máximo de 30 días hábiles, la plataforma incorporará nuevos contenidos y ofrecerá información más completa y actualizada.Uno de los cambios más relevantes será la publicación mensual de todos los contratos del Gobierno federal; actualmente esa información se difunde cada tres meses, por lo que, dijo, la actualización será más oportuna para facilitar la consulta ciudadana.El decreto también establece que se hará pública información sobre las filiales de empresas del Estado, incluidos sus estados financieros, estructura de gobierno corporativo y operación.Asimismo, expuso, se divulgarán los programas anuales de fiscalización, estadísticas de auditorías, seguimiento a observaciones y el padrón de despachos auditores externos designados para revisar a las entidades públicas.Buenrostro explicó que estas medidas también se plantearán a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los gobiernos estatales y municipales, con el propósito de que adopten el principio de máxima publicidad y homologuen la difusión de información pública.Además, adelantó que la iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia simplificará las causales de reserva de información para limitarla exclusivamente a los casos de seguridad nacional o cuando la publicidad pueda afectar un procedimiento administrativo o judicial en curso.En esos casos, precisó, se elaborarán versiones públicas de los documentos para garantizar el mayor acceso posible a la información.Sheinbaum afirmó que estas modificaciones buscan garantizar el derecho de la población a conocer las decisiones y el ejercicio de los recursos públicos del Gobierno federal.También señaló que la transparencia debe extenderse a otros ámbitos y sostuvo que, así como las instituciones públicas deben rendir cuentas, los medios de comunicación deben contar con códigos de ética que garanticen el derecho de la ciudadanía a la información.