La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València contrata a dedo por medio millón de euros a un despacho de abogados para reclamar a Indra una app que no se desarrolló a tiempo. El Ayuntamiento que dirigen PP y Vox llevará a Indra a los tribunales por no desarrollar en plazo la aplicación 'ciudades conectadas', un proyecto con otras capitales españoles financiado con fondos europeos, y le reclama 9 millones de euros. El valor del contrato es de 500.000 euros, un 5,6% de la cuantía estimada total del procedimiento judicial, que podrían ascender a los 800.000 si el caso llega a segunda instancia. El contrato se limita a la asistencia prejudicial y a la primera instancia.
El consejo de Administración de la empresa pública adoptó la decisión el pasado 24 de julio, en una sesión extraordinaria tras retrasarse por las dudas de una concejala del PSPV. La socialista Elisa Valía, miembro del órgano de la empresa pública, pidió un informe jurídico que motivara el procedimiento excepcional, que supone saltarse la ley de contratos del sector público para realizar el encargo a la firma Andersen Tax Legal Iberia. El contrato, según la propia firma pública, podría alcanzar los 800.000 euros.
El consistorio apunta que escoge a esta firma porque “asesora a la agrupación de municipios en el contrato de asesoría jurídica dependiente de la ciudad de Fuenlabrada, con lo que la propia firma no es ajena al proyecto ”Ciudades Conectadas“”. Tiene experiencia y ya ha prestado servicios a la EMT de València, dice el informe, en los cuales su “ejecución ha sido plenamente satisfactoria y se han desarrollado con una dedicación y una profesionalidad notables por parte de la firma”.
