Un informe elaborado por el responsable de tecnologías de la información de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia sostiene que Indra Sistemas intentó "condicionar" la finalización de un contrato millonario suscrito en 2023 con el consistorio valenciano a la aplicación de un sobrecoste superior al 30% sobre el precio firmado inicialmente. El informe, fechado el 18 de diciembre del año pasado y al que tuvo acceso El Confidencial, explica que la empresa que gestiona los autobuses y los servicios de movilidad de la ciudad permitió a la compañía cotizada que preside Ángel Simón aumentar un año el plazo de entrega sin imponer primeras sanciones y aun así incumplió con el nuevo calendario, que expiró el 25 de octubre, tras la negativa municipal a elevar el precio del acuerdo. Tal como relató ayer este periódico, la empresa municipal ha iniciado el procedimiento para la contratación del bufete Andersen Tax & Legal para emprender acciones judiciales contra Indra, por entender que ha dejado sin ejecutar el acuerdo para desarrollar una aplicación y plataforma tecnológica de gestión de datos de movilidad. La contratación del despacho de abogados se ha pospuesto porque los consejeros de la oposición han pedido más documentación que justifique el precio del encargo (444.000 euros) y la adjudicación directa a Andersen sin concurrencia pública. Pero es unánime la intención del consejo de administración de reclamar a Indra hasta nueve millones de euros por no cumplir con los plazos de entrega. El proyecto de 12 millones de euros estaba financiado con fondos Next Generation y formaba parte de Ciudades Conectadas, una agrupación integrada por Valencia, Valladolid, Gijón, Fuenlabrada, Vitoria-Gasteiz y Logroño, constituida para concurrir conjuntamente a las ayudas europeas destinadas a la transformación digital y sostenible del transporte urbano. La no ejecución de la plataforma tecnológica podría acarrear una sanción de la Comisión Europea a la empresa municipal por un uso indebido de los fondos europeos. Indra asegura que ha cumplido "en todo momento" con el contrato, "entregando sus trabajos en tiempo y forma", y que, "con el proyecto ya avanzado", la EMT solicitó "cambios relevantes" en el alcance del mismo "que suponían un incremento del importe, pero finalmente no aceptó hacer ninguna modificación". TE PUEDE INTERESAR Sin embargo, no es esto lo que sostiene el informe elaborado por el técnico de la mercantil municipal valenciana. "El adjudicatario llegó a condicionar la finalización del sistema a un incremento presupuestario superior al 30 %, pretensión que fue rechazada por ser jurídicamente inviable y contraria a los principios de la contratación pública". Y añade: "Tratándose de un proyecto financiado con fondos NextGeneration EU, el adjudicatario era plenamente conocedor desde la presentación de su oferta de la criticidad de los plazos, de la inexistencia de margen para retrasos estructurales y de las consecuencias que un incumplimiento podría generar para la entidad beneficiaria". La primera fecha de entrega de octubre de 2024 fue incumplida y motivó una prórroga de un año sin penalizaciones, cuyo límite volvió a ser desbordado por Indra, insiste el informe elevado al consejo de administración de la EMT. "El adjudicatario ha dispuesto de un plazo de ejecución muy superior al inicialmente ofertado, habiéndose ampliado de facto el horizonte temporal del proyecto de 18 a 36 meses", detalla. Sin validación técnica El directivo de la EMT señala que, a fecha 24 de octubre de 2025, "el sistema no se encontraba puesto en marcha en entorno de producción conforme a lo previsto contractualmente". "No consta la existencia de acta de recepción ni validación técnica que acredite la correcta puesta en marcha del sistema, requisito exigido por el pliego para considerar cumplido el hito", abunda. Y reitera: "El incumplimiento se mantiene con posterioridad a la fecha comprometida, prolongándose en el tiempo sin que el adjudicatario haya acreditado la efectiva entrada en servicio del sistema ni haya propuesto una replanificación o una nueva fecha de puesta en marcha dentro del periodo contractual". Sin embargo, pese a la prórroga sin penalizaciones, el Ayuntamiento de Valencia asegura que la empresa dejó sin entregar el trabajo, razón por la que el informe técnico de la EMT cree justificada la imposición de una sanción a Indra Sistemas de 100.000 euros diarios. "Concurre de forma objetiva el supuesto habilitante para la aplicación de la penalización diaria prevista en el pliego de condiciones administrativas particulares". Fuentes municipales indican que esa penalización por jornada de incumplimiento puede extenderse legalmente hasta un máximo de diez días, es decir, hasta un millón de euros. Un informe elaborado por el responsable de tecnologías de la información de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia sostiene que Indra Sistemas intentó "condicionar" la finalización de un contrato millonario suscrito en 2023 con el consistorio valenciano a la aplicación de un sobrecoste superior al 30% sobre el precio firmado inicialmente. El informe, fechado el 18 de diciembre del año pasado y al que tuvo acceso El Confidencial, explica que la empresa que gestiona los autobuses y los servicios de movilidad de la ciudad permitió a la compañía cotizada que preside Ángel Simón aumentar un año el plazo de entrega sin imponer primeras sanciones y aun así incumplió con el nuevo calendario, que expiró el 25 de octubre, tras la negativa municipal a elevar el precio del acuerdo.