Veinticinco estados de Estados Unidos demandaron este lunes a la Administraci�n del presidente Donald Trump por su �ltima ronda de aranceles, que afecta a las importaciones de 60 pa�ses y econom�as.La querella, en la que participan los fiscales generales de Nueva York, Arizona, California, Colorado, Nueva Jersey y Minesota, entre otros, y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, argumenta que estos grav�menes son ilegales y que aumentar�n los precios para consumidores y empresas en todo el pa�s.En marzo, un mes despu�s de que el Tribunal Supremo anulara la mayor�a de sus aranceles globales, el Gobierno anunci� investigaciones sobre 59 pa�ses y la Uni�n Europea (UE) en virtud de la Secci�n 301 de la Ley de Comercio de EEUU.La Administraci�n aleg� entonces que ten�a como objetivo indagar en pr�cticas de trabajo forzoso en el comercio mundial.Ampar�ndose en esta investigaci�n, anunci� el pasado julio unos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 pa�ses y econom�as, entre ellos los 27 miembros de la UE y Canad�, Jap�n, Reino Unido, Guatemala, Honduras y El Salvador.Los estados que interpusieron hoy la demanda aseguran que los aranceles no cumplen con los requisitos de la secci�n 301 y que el Gobierno utiliza el trabajo forzoso "como excusa para mantener su pol�tica de imponer indiscriminadamente aranceles perjudiciales a un amplio abanico de pa�ses"."No existe ninguna relaci�n l�gica entre el supuesto problema del trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales que impuso la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR)", escriben en el documento judicial, del que se hace eco la agencia Efe.La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las demandantes, critic� en un comunicado que, tras el fallo del Supremo, la Administraci�n "vuelve a intentar subir ilegalmente los impuestos a familias y empresas con una nueva ronda de aranceles".James record� adem�s que el mandatario "no tiene poder para imponer aranceles amplios a los pa�ses que quiera", tal y como estableci� el Supremo en su fallo de febrero.