Hay una paradoja en el estreno del Congreso bicameral. La reforma que buscó recuperar el Senado fue presentada como una forma de fortalecer la deliberación legislativa, introducir una segunda mirada sobre las leyes y, de este modo, elevar la calidad de las decisiones parlamentarias. Sin embargo, la solicitud de delegación de facultades legislativas por parte del gobierno, que incluye en bloque una cantidad no especificada de temas y materias que ponen en riesgo la posibilidad de control de la propia calidad de la regulación, contradice los argumentos del retorno de la bicameralidad.
La delegación de facultades no es per se, inconstitucional. El artículo 104 de la Constitución la contempla expresamente. El problema que quisiera traer a esta columna es de otra índole. Por un lado, está la exigencia constitucional respecto de una ley que pretende transferir competencias que corresponden, en el marco de la separación de funciones, al Congreso. Por otro lado, está la legitimidad de un gobierno que ha tenido presencia gravitante en el Congreso anterior y que, como lo ha hecho en tantos otros temas, pudo actuar con la velocidad propia de un Congreso unicameral. Sin embargo, ahora pretende gobernar sin el Congreso, si es que éste renuncia a participar del debate en cuestiones cruciales que serían delegadas.
