EDITORIALEn 17 comisiones legislativas no hubo una sola iniciativa para dictaminar, por lo cual cabe preguntar ¿para qué se está pagando tal personal?
Las legislaturas de la última década han tenido una creciente displicencia hacia el manejo de los recursos públicos. Suelen argumentar que utilizan “fondos propios” del Congreso, aunque la verdad es que tales recursos provienen de la ciudadanía trabajadora y el empresariado, que se esfuerzan por cumplir metas y también sus obligaciones fiscales. Basta ver la desfachatez con la cual el actual Congreso se autorrecetó, con premeditación, nocturnidad y negacionismo, un aumento salarial a costa de los contribuyentes.
Ahora nos enteramos de un crecimiento de casi 100% de las llamadas plazas “temporales” —renglón 022— ocupadas por supuestos asesores legislativos que luego resultan en tareas administrativas e incluso incorporados posteriormente en plazas permanentes. Pero lo paradójico no solo es ese discurso populista y lastimero de ciertas bancadas, que dicen estar beneficiando a la población pero, a la vez, le imponen más cargas de gasto público, en lugar de destinar más recursos al desarrollo o, cuando menos, a elaborar propuestas legislativas de calidad integral. Todo lo contrario, confeccionan bodrios contradictorios, con vacíos funcionales y mantienen en rezago —deliberado o no— importantes iniciativas.
