Una pareja entra a media tarde de este jueves a la inmobiliaria de Raimy Balderrama, en pleno centro de Granollers (Vallès Oriental), interesándose por si tiene algún piso de alquiler. Su visita es corta: ahora no hay ninguno. “Es curioso. Justo mañana [por el viernes] firmamos un contrato de alquiler, pero es el primero en un año”, afirma Balderrama, que regenta la agencia Mirai Homes. La ciudad, de unos 66.000 habitantes, es uno de los 22 municipios que han dejado de ser considerados zona de mercado residencial tensionado, en los que se podían aplicar topes a los precios del alquiler, por la mejora de los indicadores que miden la facilidad de acceder a una vivienda. En la misma calle, otro profesional del sector que pide no ser citado frunce el ceño. “No se puede topar lo que no existe. No hay alquileres”, afirma. En los escaparates de esa calle, donde se concentran varias agencias, todos los pisos son de compraventa.El Gobierno catalán acaba de revisar la lista de localidades que fijó como zonas tensionadas para poder aplicar varias medidas urgentes en vivienda, entre ellas los topes a los precios del alquiler. De los 140 municipios incluidos en una primera tanda, el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha prorrogado esa declaración para 118, ha excluido a 22 —entre ellos, Lleida, Figueres, Mollet del Vallès o Granollers— y ha incluido a 53 más. Como fija la ley estatal de Vivienda, esa medida estará vigente durante un año.Los cambios, que entrarán en vigor el próximo marzo, obedecen a uno de estos dos criterios: para estar dentro de la lista, los hogares de la localidad deben destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler e hipoteca, incluyendo los gastos; o bien el precio de las rentas o de compra de las viviendas debe haber experimentado en los últimos cinco años un crecimiento acumulado de al menos tres puntos por encima del IPC. Si la situación mejora, las medidas dejan de aplicarse. Según el Incasòl, el precio medio del piso de alquiler es de 825,81 euros, un 4% más que hace un año y ul 22% más respecto a hace cinco años.El Ayuntamiento de Granollers (PSC) cree que es una buena noticia haber salido de ese grupo. “Hemos dejado de formar parte de la lista gracias a los topes y a las políticas que hemos puesto en marcha para hacer asequible la vivienda y facilitar su acceso”, asegura la portavoz del gobierno de la ciudad, Gemma Giménez. “Eso no quiere decir que esté todo resuelto, pero vamos a seguir trabajando para mejorar”, agrega. Giménez detalla varias medidas que, a su juicio, han permitido relajar la situación, como la bolsa de vivienda, las ayudas o las promociones de vivienda protegida que se irán entregando ya desde septiembre.Juan José Vigara, gerente de Eurofinques, no lo ve tan claro. “Tengo una libreta y media de nombres y teléfonos de clientes que han venido preguntando por un piso de alquiler. Y no hay. Es un drama, pero no hay”, lamenta. “Apenas he tenido unas viviendas de obra nueva, pero a partir de 1.200 euros. No es lo que buscan quienes pasan por aquí, que necesitan pisos de unos 700 euros”, se queja. Coincide con él Balderrama, quien abre el portátil para mostrar cuántos pisos de alquiler hay anunciados en los portales de la zona. “Mira, solo dos, el tercero ya es el Les Franqueses”, dice señalando los precios, que son de 1.200 euros para arriba. “Es normal. Con la elevada demanda que hay un anuncio dura apenas unos minutos. El teléfono echa humo”, añade. “Los topes han sido contraproducentes. Con toda la regulación, los propietarios al final optan por vender antes que alquiler y los inversores que arrendaban han desaparecido”, remacha. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo, es crítico con la medida. “Los datos nos dicen que los precios se reducen, el objetivo es que la gente que necesita vivir de alquiler acceda a él. Y eso no se está logrando con esta medida”, argumenta. Pisos vacíos y ocupados en TorderaLo mismo que sus colegas de Granollers piensa el responsable de una inmobiliaria de Tordera (19.000 habitantes, Maresme) que pide no ser identificado. “Entendemos por qué entramos en la lista y hasta me puede parecer bien, pero los propietarios llevan tiempo vendiendo. Cuando nos llega un piso de alquiler o bien ni nos da tiempo a ponerlo en las plataformas o dura minutos”. La localidad –a una hora en coche de Barcelona, media de Girona y a un suspiro de Blanes y Malgrat de Mar— pasará a ser en marzo zona tensionada, por lo que se podrán poner topes a los alquileres. La alcaldesa del municipio, Elisabet Megias (Junts per Tordera), ve los precios de la localidad “disparados” y no ve con malos ojos imponer topes. “Habría que ver antes cómo ha funcionado en otros municipios y qué resultados ha dado. No estamos en contra de los topes, pero es que no hay oferta de alquiler”, esgrime.La alcaldesa cree que, antes de declarar el municipio zona tensionada, el Gobierno catalán debería resolver otro problema más grave que puede estar disuadiendo a muchos propietarios de alquilar. “Tenemos más de 100 pisos vacíos y ocupados que son propiedad de la Sareb, de bancos y fondos. Y con mafias, redes de narcotráfico y cultivo de marihuana detrás. La propiedad se desentiende y tenemos que avisar a los Mossos e ir al juez. Y una vez se van, limpiarlo y tapiarlo. Hemos pasado la factura de todo eso a sus dueños, aunque no hemos cobrado nada”, lamenta. Megias está al frente del municipio más grande por extensión de la comarca, con 83,9 kilómetros cuadrados de superficie. Pero si no ha cedido ningún piso para vivienda protegida al Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), dice, es porque antes quiere que esas viviendas sean reformadas y puestas a disposición de la población vulnerable de la localidad.El sector sigue sosteniendo que la medida no funciona. Según Juan Ramón Manso, director del Área Jurídica de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña, los datos del Incasòl muestran que, entre 2023 y 2025, si bien los precios se contuvieron y aumentaron solo un 3,2%, el volumen de contratos formalizados cedió el 19,8%. En cambio, el Sindicato de Inquilinas ve “absurdo” que estos municipios pierdan la regulación de los precios de alquiler. “¿El mensaje para los inquilinos de Reus o de Lleida es que ya no necesitan regulación de precios? ¿Qué a ellos el dueño del piso les puede poner el precio que quiera? ¿Qué ya no tienen in problema de vivienda?”, afirma Enric Aragonès, portavoz de la entidad. La Generalitat niega que haya menos alquiler y pone como ejemplo el primer trimestre del año, cuando se cerraron más de 3.000 alquileres nuevos. Sin embargo, un informe del Departamento de Economía sí admite una “pérdida de dinamismo” del mercado y una desviación hacia otros segmentos como el alquiler de habitaciones o el alquiler turístico. Lo que ocurra en el próximo año en las zonas que entren y salgan de la lista será otra prueba más para el laboratorio de vivienda catalán.‌