El juicio del caso Triple A —uno de los tres procesos penales, dos en etapa de juzgamiento, que enfrenta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez— entra en su etapa decisiva. Este domingo 2 de agosto, el Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado retomará la audiencia con la parte final de la prueba de los procesados y, posteriormente, dará paso a los alegatos de cierre.Con ello concluirá una fase de juzgamiento que durante más de cuatro meses reunió decenas de testimonios, pericias técnicas, informes documentales y pruebas presentadas tanto por la Fiscalía General del Estado como por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), Petroecuador y las defensas de los 22 procesados, entre personas naturales y jurídicas.La teoría del caso de la Fiscalía sostiene que empresas vinculadas a Aquiles Alvarez y a sus hermanos Antonio y Xavier habrían conformado una estructura para comercializar combustible subsidiado en segmentos para los que no estaba autorizado, mediante un supuesto desvío entre los mercados automotor, industrial y naviero nacional e internacional. Según la investigación, este esquema habría provocado un perjuicio económico al Estado estimado en $ 61,5 millones, correspondiente a 22,7 millones de galones de diésel y gasolina.PublicidadEl supuesto esquema del “cambiazo”Uno de los testimonios más relevantes de la etapa de defensa fue el de José Ricardo Cevallos Avellán, exgerente y exaccionista de Fuelcorp S. A., quien compareció además como testigo protegido de la Fiscalía.Durante su intervención explicó al Tribunal cómo, según dijo, operaba el denominado “cambiazo”, un mecanismo mediante el cual el combustible subsidiado destinado a determinados segmentos era comercializado en otros donde el precio era mayor.Para sustentar esa explicación, Cevallos detalló la cadena de comercialización de combustibles en Ecuador, describió las diferencias entre los segmentos automotor, industrial y naviero, y sostuvo que el diésel es técnicamente el mismo producto en todos ellos. La diferencia, afirmó, radica en el subsidio estatal que reciben algunos segmentos y otros no.PublicidadPublicidad“¿Entonces para qué creó el Estado ecuatoriano toda esta estructura si el diésel es el mismo? Por una sola palabra: el subsidio”, señaló durante su exposición.El economista también describió la estructura empresarial que, según él, conformaban compañías como Copedesa, Corpalubri, Flonape y Ternape, junto con sus centros de distribución asociados. Sostuvo que quienes tomaban las decisiones comerciales eran los hermanos Alvarez y que las empresas vinculadas al grupo se habrían beneficiado sistemáticamente del diferencial de precios generado por los subsidios.Como ejemplos, mencionó operaciones de venta de combustible a empresas relacionadas y a compañías extranjeras, entre ellas Chopituna S. L. y Atuneros de Paraguaná C. A., las cuales, según afirmó, evidenciarían el supuesto desvío de diésel subsidiado hacia el segmento naviero internacional.Las pruebas técnicas de la FiscalíaDurante la práctica de prueba, la Fiscalía sustentó su acusación con informes periciales informáticos, financieros, documentológicos y de análisis de información.Uno de los ejes de la investigación fueron las pericias elaboradas a partir de facturas electrónicas del Servicio de Rentas Internas (SRI), guías de despacho de Petroecuador y registros de comercialización de combustibles, documentos que, según la Fiscalía y la ARCH, permitieron reconstruir las operaciones atribuidas a las empresas investigadas.En varias jornadas comparecieron especialistas que explicaron el análisis de esa información y cómo se elaboraron los informes que forman parte del expediente.PublicidadLa acusación también incorporó seguimientos realizados durante la investigación, incluidos reportes relacionados con un Chevrolet Cruze y una camioneta Toyota Hilux que, de acuerdo con las pericias informáticas expuestas en juicio, registraron cargas de combustible incompatibles con la capacidad de sus tanques.Asimismo, fueron presentados informes sobre inspecciones técnicas, registros societarios, documentos obtenidos de Petroecuador y de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, así como evidencia relacionada con la operación comercial de empresas como Ternape, Copedesa, Corpalubri, Fuelcorp, BienPetrol e Indudiesel.La defensa rechaza las acusacionesDurante su declaración, Aquiles Alvarez negó haber participado en un esquema ilegal de comercialización de combustibles y aseguró que la acusación carece de sustento.El alcalde sostuvo que la Fiscalía no ha presentado una sola factura o guía de remisión que demuestre la existencia del supuesto delito y cuestionó el origen mismo de la investigación.También criticó que no compareciera a juicio Nicole Bermúdez, exfuncionaria de la ARCH, quien inicialmente presentó la denuncia que dio origen al caso y posteriormente rindió versiones ampliadas ante la Fiscalía.Sin embargo, el director ejecutivo de la ARCH, Christian Puente, respondió que esa afirmación no corresponde con lo actuado durante el juicio. Señaló que precisamente uno de los peritos informáticos analizó las facturas y guías de despacho entregadas por Petroecuador, documentos que sirvieron de base para las conclusiones técnicas de la investigación.Puente sostuvo además que el testimonio de Bermúdez resulta irrelevante para determinar la existencia del delito, pues su actuación se limitó a poner en conocimiento una presunta irregularidad que luego fue investigada por la Fiscalía.El juicio entra en su fase finalHasta el cierre de la última jornada, la Fiscalía concluyó la presentación de toda su prueba testimonial, documental y pericial. La ARCH y Petroecuador, en calidad de acusadores particulares, se adhirieron a esa prueba por economía procesal.Las defensas también avanzaron con la mayor parte de su actividad probatoria. Entre los testimonios más relevantes constan el del propio Aquiles Alvarez y el de José Ricardo Cevallos, además de varios exfuncionarios y representantes de empresas vinculadas al sector hidrocarburífero.Concluidas esas intervenciones, el Tribunal, presidido por el juez Jorge Sánchez Pico junto con los jueces Clara Soria y Víctor Barahona, quedará en posibilidad de instalar la etapa de deliberación, que podría tomar tiempo, y posteriormente emitir sentencia sobre una causa que investiga un presunto esquema de comercialización ilegal de combustibles subsidiados y que tiene entre sus principales procesados al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.(I)