La presentación de testimonios, documentos y el intento de las defensas de algunos procesados de incluir pruebas nuevas que no habían sido consideradas en esta causa marcaron el desarrollo de la audiencia de juicio del caso Triple A este fin de semana (24, 25 y 26 de julio de 2026). En estos días de juicio, las defensas de los investigados practicaron su prueba documental y testimonial, con la que buscan desvirtuar la acusación de la Fiscalía General del Estado (FGE), que investiga el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.En esta causa existen 22 procesados, 16 personas naturales y seis empresas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez; sus hermanos, Antonio y Xavier, sus primos y algunas empresas vinculadas a este entorno familiar. PublicidadSegún la teoría del caso de la Fiscalía, las empresas del sector hidrocarburífero vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia habrían constituido una red para presuntamente desviar combustible subsidiado de manera ilegal entre los segmentos automotor, industrial y naviero nacional e internacional, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado que ascendería a $ 61,5 millones, correspondientes a 22,7 millones de galones de combustible entre diésel y gasolina.En las jornadas de audiencia del sábado y domingo se evacuó la prueba de los procesados Juan Dionisio Araujo Saldarriaga, la empresa Harsajudi S. A., María Eliza Criollo, Rosa Marbella Ortiz González, Gloria María Salazar Solano, Édgar Moisés Flores, Olga Cecilia Ortega, Fausto Vinicio Vaca, Raúl Zambrano Orellana, Édgar Edmundo Campoverde Abril y Juan Carlos Arias Tapia, que fue presentada a través de sus defensas. A su vez, a lo largo de la diligencia, los abogados solicitaron al Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico (ponente), Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, la incorporación de pruebas nuevas. PublicidadPublicidadLos pedidos los hicieron el abogado de la empresa Fuelcorp S. A., vinculada al grupo del alcalde de Guayaquil, Fernando Chávez, y el abogado del investigado Fausto Vinicio Vaca, Ernesto Pazmiño. En ambas solicitudes, la fiscal del caso, Ruth Amoroso; el director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, Christian Puente; y el representante de Petroecuador solicitaron al tribunal que estas pruebas nuevas no sean consideradas y que sean excluidas. El tribunal negó el pedido del abogado Chávez y aceptó la inclusión de la prueba nueva y no anunciada de Pazmiño. Otro de los hechos que ocurrieron durante este sábado, 25 de julio, fue un incidente con los medios de comunicación, a los que no se les permitió el ingreso a la sala de audiencias del Complejo Judicial Norte de Quito para esta jornada, lo cual motivó a algunos abogados de las partes a solicitar al juez Sánchez que se permitiera el acceso a los periodistas. Esto fue aceptado, aunque la fiscal Amoroso solicitó que no se considerara el ingreso de los medios para no contaminar el proceso. En esa misma jornada, el abogado Fernando Chávez pidió al tribunal que admitiera el testimonio del fiscal general del Estado subrogante, Carlos Leonardo Alarcón, como prueba no anunciada oportunamente por tratarse de una circunstancia sobreviniente. La solicitud surgió tras la inasistencia de Nicole Bermúdez Peña, ex coordinadora zonal de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), quien presentó la denuncia que dio origen al caso Triple A. Las defensas de los procesados han insistido en que Bermúdez comparezca a la audiencia, pero hasta el momento no han obtenido resultados.El tribunal rechazó el pedido al considerar que era improcedente. El juez ponente argumentó que Alarcón intervino en esta causa en calidad de fiscal, por lo que constituye un sujeto procesal titular de la acción penal pública y no un tercero ajeno al conflicto susceptible de comparecer como testigo.PublicidadEl alcalde Aquiles Alvarez participa en la audiencia de manera telemática desde la Unidad Judicial del cantón La Libertad, en Santa Elena, adonde fue trasladado desde la Cárcel del Encuentro, ubicada en esta misma provincia, y espera por su testimonio, que será el último que se practique en la audiencia de juzgamiento antes de que se dé paso a los alegatos finales. Hasta las 17:00 de este domingo, Alvarez todavía no había testificado. Su defensa anunció que no presentará pruebas documentales y se centrará solo en su testimonio.A la par, existe un pedido de la Fiscalía General para que el tribunal otorgue unas horas o un día después de terminar con la evacuación de todas las pruebas de los investigados para preparar sus argumentos de cierre, solicitud que deberá ser resuelta por el tribunal de este caso. Una vez que se presenten los alegatos finales, el tribunal entrará a deliberar antes de emitir una sentencia. (I)