Diez semanas después de que trascendiera la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la afirmación sigue pesando sobre los más 11 millones de españoles que depositaron hace dos décadas su confianza en el político socialista para dirigir el país: “líder” de una trama de tráfico de influencias. El último auto del juez José Luis Calama, dictado el pasado jueves, no mueve un ápice la acusación: “La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes”.
Esta última resolución judicial, dictada al límite de que arranque el mes inhábil en los juzgados, dista de ser una buena noticia para Zapatero. El juez accede a la petición de la UDEF de la Policía para acceder a más de sesenta cuentas bancarias de Zapatero, su familia, su secretaria, Julio Martínez –socio y colaborador– y de un buen número de sociedades por las que habría pasado el flujo de fondos de origen ilícito con el fin de hacer perder su auténtico rastro.
La consecuencia primera es que la práctica de la diligencia se alargará durante meses en un caso que ya prometía prolongarse años desde que arrancó. Pero además, el escrito judicial va perfilando las acusaciones y señalando a los protagonistas de la presunta trama corrupta. De la panoplia de indicios que describían los primeros informes de la UDEF sobresalían por sospechosos aquellos relacionados con los ingresos de las sociedades de Zapatero y, sobre todo, de sus hijas. Ahora, esos indicios se van concretando.
