EDITORIALEs demasiado pronto para permitir que el país se sumerja en mensajes confrontativos.
Hace tres años, ya durante el proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral, a través de su Unidad de Medios de Comunicación, anunció que tenían acercamientos con empresas digitales como Meta —a la cual pertenecen Facebook, Instagram y WhatsApp— para capacitar a personal de la institución y representantes de partidos políticos sobre “el buen uso de las redes sociales”. Tomando en cuenta que dicha unidad fue creada en el 2016, bien podría afirmarse que ya iban tarde en cuanto a tal formación.
La campaña anticipada es una vorágine de mensajes que promocionan, de forma tácita o explícita, a ciertas figuras, fuera del período de convocatoria de elecciones. En este mismo espacio lo hemos venido señalando y exhortando al TSE a lanzar un apercibimiento a las organizaciones, a sus directivas y a sus delfines para informar los criterios que utilizarán para sancionar las transgresiones a la veda de propaganda, que cesa el 22 de enero del 2027, cuando se convoque a elecciones.
A través de perfiles supuestamente personales o comunitarios y de fanpages informativas sin sede física, se multiplican los mensajes en apoyo a determinadas personas, en busca de llegar a un cargo o ser reelectas. La treta es evidente, porque no es “el partido” ni esa figura “aspirante” quienes generan el llamado, a través de preguntas, exhortativas o arengas, pero queda claro que están fuera de tiempo. La compañía Meta tiene servicios especializados para la detección y bloqueo de comunicaciones que transgredan normativas de países afiliados. En su portal “Safeguards for elections” están las opciones y medidas que dicha empresa digital puede prestar en apoyo de las democracias para frenar la desinformación o las transgresiones politiqueras.
