Desde el pasado 15 de julio, numerosos medios de comunicación se han hecho eco de “Barcelona a 50 ºC”, una de las nuevas iniciativas de acción climática del Ayuntamiento de Barcelona para preparar la ciudad ante episodios de calor extremo. Concretamente, se trata de un simulacro previsto para 2027 que se desarrollará en dos fases. La primera «de despacho», tendrá lugar en febrero de ese mismo año, y servirá para coordinar la respuesta de emergencia desde los distintos servicios y equipamientos municipales. La segunda, prevista para septiembre, recreará los efectos sobre las infraestructuras de una ola de calor monstruosa que condujera a la ciudad a un colapso sociosanitario, la disrupción en el acceso a suministros básicos como el agua y un apagón energético sin precedentes. En palabras del alcalde Jaume Collboni, el anuncio del simulacro supone poner en marcha «la cuenta atrás hacia el día que llegue Barcelona a 50 grados», una acción que presenta como un legado de protección y concienciación para el futuro.
La iniciativa, inspirada en un simulacro análogo celebrado en París en el año 2023, busca evaluar la preparación de la ciudad ante un escenario de estas características: revisar los protocolos de actuación, reforzar la coordinación entre servicios y mejorar la capacidad de respuesta de las infraestructuras urbanas, con especial atención a la protección de la población más vulnerable. Sin embargo, los objetivos declarados y el simbolismo inadvertidamente colapsista de la propuesta parecen abundar en los que consideramos dos problemas fundamentales de la política contemporánea de protección frente al calor extremo: primero, una identificación del calor con una exterioridad meteorológica, marcada por una catástrofe futura casi inimaginable; y, segundo, la centralidad de la respuesta experta ante el problema. Ambas soslayan algunas cuestiones y preguntas fundamentales que creemos debieran informar una política de previsión e intervención del calor urbano en el presente.
