El Instituto de Crédito Oficial (ICO) pone a punto el primer vehículo inversor del fondo soberano España Crece. El organismo encabezado por Manuel Illueca prevé abrir a partir del 1 de septiembre la 'ventanilla' de préstamos para la construcción de viviendas, partida que contará con 12.250 millones de financiación. El programa irá dirigido a promotores e incluirá una parte no reembolsable para aquellos inmuebles cuyo precio no supere los 9 euros el metro cuadrado. Tal y como publicó La Información Económica, se contemplan quitas de deuda de hasta el 30% si se cumple este requisito. Fuentes cercanas al ICO explican que el objetivo pasa por poner en el mercado inmobiliario vivienda compatible con los salarios medios existentes en España. En este sentido, la concesión de la financiación exige destinar al menos del 50% de las casas al alquiler en condiciones asequibles y si bien se permitirá la venta, deberá contemplar un esquema de protección y rentabilidades "razonables". Aunque las estimaciones iniciales recogían la construcción de hasta 15.000 viviendas anuales, el ICO evita dar una cifra concreta, ya que irá dependiendo de las condiciones de mercado. Hace unos meses el Gobierno cifró en 23.000 millones la movilización de recursos públicos y privados para dinamizar esa oferta, cifra que se completará con una herramienta de 'equity'. En septiembre se partirá con los citados 12.250 millones en dos instrumentos diferenciados. Uno de 6.250 millones para la promoción y otro con el dinero restante para la tenencia y gestión de los alquileres. Precisamente, en el primer paquete se ofrece esa quita del 30%, condonación que el ICO ha presupuestado 1.000 millones. Las mismas fuentes detallan que entre las condiciones ventajosas del crédito promotor figura la exención del pago de intereses hasta que se concluya la construcción y de la amortización del capital hasta pasados siete años. No obstante, solamente financiará el 75% de la inversión, la promotora debe disponer del 25% restante. En el caso del segundo, se ha diseñado un instrumento pensado para atraer a gestoras o fondos para que gestionen las casas una vez construidas. No obstante, a diferencia del anterior, los intereses se pagan desde el principio y el capital se devuelve al final, brindando la opción de una ventana de siete años para retirarse y dar entrada a inversores nuevos. Además obligarán a constituir un fondo de reserva para futuras reparaciones de los edificios.El ICO ya ha recibido la inyección de capital de 10.891 millones y de 2.800 millones a fondo perdido procedentes de los fondos Next Generation EU y da continuidad así al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que acaba el 31 de agosto. Desde Moncloa calculan que este montante deberá elevar la financiación movilizada en torno a los 120.000 millones para invertir en sectores clave para la productividad de la economía española como energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura agua, saneamiento, seguridad, además de vivienda. El Ejecutivo ha decidido priorizar este último ante la crisis de acceso que se vive en España. Con la intención de acelerar el proceso, los directivos del organismo ya han iniciado la ronda de contactos con los ayuntamientos para cerrar las bases de la licitación de suelo público incluidas en España Crece. Inicialmente, se utilizará terreno público cedido por los ayuntamientos, pero no cierra la puerta a la entrada de suelo privado. El problema radica en que podría no ser rentable. Hasta ahora, para promotores y constructores embarcarse en promociones de vivienda asequible implicaba participar en proyectos con un margen muy escaso de beneficios. Esta fórmula supone un incentivo al respecto y puede contribuir a movilizar capital privado, algo imprescindible para empezar a atajar el problema. En vistas al fin del plazo de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) este 2026, la Comisión Europea encomendó a los Estados miembros a cumplir todos los hitos antes del próximo mes de agosto y acelerar así su despliegue, revisando los programas para incluir únicamente las medidas factibles de materializar. En este sentido, ofrece la posibilidad de explorar medidas alternativas para utilizar sus asignaciones financieras restantes, incluyendo el apoyo a inyecciones de capital en los bancos nacionales y apoyar así proyectos acordes con las prioridades estratégicas de la Unión Europea.