El político conservador Wadith Manzur está detenido desde el 12 de marzo por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Apenas cuatro días antes, el 8 de marzo, había arrasado en las elecciones al Senado: 135.000 votos, la tercera votación más alta de su partido y la séptima del país. Su petición de tomar posesión de su cargo desde la cárcel puso a la cámara alta en una encrucijada. “No es fácil”, reconoció el martes el nuevo presidente del Congreso, Honorio Henríquez. La decisión, finalmente, ha sido rechazar la solicitud. Las autoridades legislativas han argumentado, en una resolución divulgada este miércoles, que las normas no contemplan la posibilidad de llevar a cabo una jura a distancia. El Consejo de Estado, han señalado, tendrá que definir si esto implica la pérdida de investidura por vencerse el plazo para tomar posesión de su cargo.Manzur tiene 39 años y es de Montería (Córdoba). Es hijo del exsenador Julio Manzur, quien se ha sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por supuestos vínculos con paramilitares. Fue electo a la Cámara de Representantes en 2018 y renovó su cargo en 2022. En el último periodo legislativo, fue uno de los conservadores que tomó distancia de la dirección del partido y apoyó los proyectos del Gobierno de Gustavo Petro. La justicia lo acusa de aprobar, como integrante de la Comisión de Crédito Público, el endeudamiento del Ejecutivo a cambio de contratos millonarios financiados por la UNGRD. Sus acciones, según las investigaciones, hicieron parte de un entramado mayor que consistió en la compra de congresistas con dineros públicos para que aprobaran los proyectos de ley del Gobierno.Sus abogados presentaron el 27 de marzo una petición ante la Corte Suprema para que Manzur jurara a su cargo desde la cárcel. La preocupación principal, explicaron, era que no hacerlo pusiera en riesgo su curul: la ley establece que los parlamentarios tienen un plazo máximo de ocho días tras la instalación del nuevo Congreso (el 20 de julio) para tomar posesión. Argumentaron que aún no ha sido declarado culpable, que goza de presunción de inocencia y que negarle la posibilidad de jurar a distancia podría traducirse en “la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos” del dirigente y sus 135.000 electores. Aclararon el lunes que la intención no era que Manzur legislara desde la cárcel, sino que tomara posesión y luego fuera suspendido para garantizar que, en caso de salir en libertad, pueda ejercer su cargo. La Secretaría General del Senado, a la que la Corte Suprema le remitió la solicitud, evitó que Manzur asuma su curul con un argumento de procedimiento. Respondió que no hay ninguna norma que permita un mecanismo alternativo a la jura presencial en el Congreso. La Constitución, explicó, señala que el Legislativo tiene una única sede. También apuntó que una ley de 2024 habilita el uso de herramientas tecnólogicas en las sesiones, pero que lo hace para tareas legislativas específicas, como aprobar leyes, y no para “la solemnidad” de tomar posesión. Las autoridades evitaron pronunciarse sobre si esta decisión implica la pérdida de investidura de Manzur. El secretario general del Senado señaló que la ley contempla una causa de “fuerza mayor” como excepción a la regla de posesionarse en el plazo de ocho días, pero que el Consejo de Estado es la autoridad competente para definir si estar en la cárcel entra en esa categoría. Recordó que hay jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que establece que estar detenido es una razón válida: el exguerrillero Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, tomó posesión de su escaño varios meses después al inicio de su mandato y lo ejerció hasta que retomó las armas. Más allá de los legalismos, la posibilidad de que Manzur tome posesión y eventualmente ejerza su cargo ha causado el rechazo de sus compañeros. “Que se defienda SIN PODER POLÍTICO. Que por aquí no venga”, escribió el martes en X la congresista Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso. Algo similar dijo este miércoles la senadora María Lucía Villalba: “Respaldo la decisión del Senado (...). Recuperar la confianza de los ciudadanos exige actuar con rigor, respetar el debido proceso y enviar un mensaje claro frente a la corrupción”.Una decena de congresistas del último periodo legislativo está implicada en el caso de la UNGRD. Solo tres desistieron de presentarse a las urnas para reelegirse en las elecciones legislativas de marzo. Seis decidieron hacerlo. De ellos, cuatro fueron electos: Manzur, Martha Peralta (Pacto Histórico), Juan Loreto Gómez (Conservador) y Karen Manrique (curul de víctimas). Esta última tampoco ha podido posesionarse por estar detenida. Tanto ella como Manzur insisten en que son inocentes y que solo tramitaron proyectos en favor de sus regiones y no de ellos mismos. “A mí lo único que me cuestionan es haber hecho una gestión para el municipio de Cotorra. Un proyecto que no existió, ahí no se perdió un peso (…) todos estamos investigados, pero la han cogido con el más marica”, dijo el político cordobés.El entramado de la UNGRD es el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro. Además de los congresistas ya mencionados, también se encuentran detenidos los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Del Ejecutivo, aún está privado de la libertad Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Carlos Ramón González, antiguo director del Departamento Administrativo de la Presidencia y artífice del plan delictivo según la Fiscalía, está prófugo en Nicaragua.