SucesosEl empresario est� acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigraci�n ilegalEl corral en el que viv�a el empleado en una imagen difundida por la Polic�a Nacional.Actualizado Mi�rcoles,

julio

18:47Tras denunciar a un empleado por robarle m�s de 18.000 euros en efectivo de su vivienda, un empresario acab� detenido por la Polic�a Nacional y ahora se enfrenta a una pena de prisi�n superior a la del presunto ladr�n. El propietario de una finca de Fuenlabrada est� acusado de mantener al trabajador sin contrato, sometido a jornadas de hasta 15 horas y durmiendo en un corral junto a conejos y gallinas.El empresario afronta una condena de entre dos a�os y tres meses y seis a�os de c�rcel por los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigraci�n ilegal, seg�n explican fuentes jur�dicas consultadas por GRAN MADRID. A esta pena podr�an a�adirse multas de entre 360 y 144.000 euros, cuya cuant�a depender�a, entre otros factores, de su capacidad econ�mica.Por su parte, el empleado que supuestamente se llev� el dinero se enfrenta por el presunto delito de robo con fuerza a una pena de entre uno y tres a�os de prisi�n. La condena podr�a elevarse hasta una horquilla de entre dos y cinco a�os si el tribunal apreciara alguna de las modalidades agravadas previstas en el C�digo Penal.La investigaci�n comenz� despu�s de que el propietario denunciara un robo con fuerza en su casa de campo. Alguien hab�a sustra�do 15.000 euros en billetes y otros 3.000 en monedas que guardaba dentro de varias bolsas de pl�stico ocultas en un armario.Al inspeccionar la vivienda, los agentes detectaron que la escena hab�a sido presuntamente manipulada para aparentar una entrada forzada. La puerta presentaba marcas y muescas realizadas de manera artificial y �nicamente se encontraba revuelta la habitaci�n en la que estaba escondido el dinero, seg�n la versi�n trasladada por la Polic�a Nacional.Esta supuesta simulaci�n podr�a provocar que los hechos acabaran siendo calificados como un delito de hurto y no como un robo con fuerza si se demostrara que el empleado ten�a acceso autorizado a la finca y no forz� ninguna puerta, cerradura o mueble para apoderarse del dinero. En ese caso, la pena se reducir�a a una horquilla de entre seis y 18 meses de prisi�n. Podr�a ascender a entre uno y tres a�os si el tribunal apreciara especial gravedad por el valor de lo sustra�do o por los perjuicios ocasionados.Las pesquisas situaron como principal sospechoso al empleado que se encargaba de vigilar la finca y cuidar tanto la vivienda como los animales. La investigaci�n sostiene que, tras hacerse con las bolsas, abandon� el lugar en bicicleta con el dinero colgado a ambos lados del manillar.En los d�as posteriores, el trabajador habr�a comenzado a realizar gastos que no se correspond�an con su situaci�n econ�mica. Se hizo un tatuaje, compr� ropa de marca y envi� cantidades importantes de dinero. Tambi�n habr�a quemado las bolsas de pl�stico junto a paja y basura para eliminar posibles pruebas antes de esconder los restos detr�s de una maceta.Fue durante su detenci�n cuando el trabajador relat� las condiciones en las que viv�a y condujo a los agentes hasta el establo en el que dorm�a. All� hab�a colocado un colch�n entre las jaulas de conejos y gallinas, rodeado de excrementos. La ducha se encontraba instalada a la intemperie, por lo que ten�a que lavarse en el exterior con independencia del fr�o, la lluvia o las dem�s condiciones meteorol�gicas.Los investigadores comprobaron adem�s que carec�a de contrato laboral pese a encargarse de la vigilancia de la finca y del cuidado de los animales durante jornadas que pod�an alcanzar las 15 horas diarias. Estos hechos provocaron la detenci�n del propietario por los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigraci�n ilegal.Las fuentes jur�dicas consultadas se�alan que, en caso de que el favorecimiento de la inmigraci�n ilegal fuera castigado con una multa en lugar de con prisi�n, el empresario afrontar�a una pena conjunta de entre dos y cinco a�os de c�rcel. Las sanciones econ�micas podr�an situarse entonces entre 540 y 288.000 euros, calculadas en funci�n de su capacidad econ�mica. Tanto el propietario como el empleado fueron puestos a disposici�n judicial.