Si de algo me precio en la vida es de ser liberal. Tanto desde el punto de vista económico como social, creo firmemente que la libertad de los individuos es el don más preciado y que el Estado, salvo que medien muy buenos motivos, no debe entrometerse en la vida de los ciudadanos siempre que estos sean cumplidores de la ley.Por eso me molestan las prohibiciones: no me gusta que la mayoría aplaste a la minoría en cuanto a su visión del mundo y quiera obligarla a no tomar alcohol, a no consumir algunas drogas, a no ver corridas de toros o corralejas, a no escuchar cierta música o a no leer algunos libros. Mucho menos que los obliguen a casarse con quien no quieren o a seguir viviendo cuando consideran que su existencia se volvió indigna. Cada individuo tiene el derecho sagrado de orientar su vida como mejor le parezca, siempre que no interfiera de manera indebida con el prójimo.Pero, como buen liberal, entiendo también que no existen los derechos absolutos. Algunas conductas deben estar prohibidas porque destruyen los presupuestos mínimos de la libertad. A nadie se le ocurriría permitir que los menores consuman libremente drogas o alcohol. El motivo es claro: para ejercer la libertad se requiere un nivel suficiente de discernimiento del que un niño de 12 o un joven de 16 años todavía carece. De ahí que el Estado, excepcionalmente, deba intervenir para protegerlos.Hago esta introducción porque en los últimos días se ha puesto sobre la mesa en Colombia una interesante discusión sobre la restricción del uso de redes sociales para menores de edad. Se trata de un proyecto de ley presentado por el senador Enrique Cabrales y el representante Jesús Lorduy para limitar el acceso de los menores a plataformas como Facebook, Instagram, X y TikTok.La pregunta, entonces, no es si el Estado puede prohibir, sino si este es uno de esos casos excepcionales. La respuesta empieza por los datos.Y empecemos por el más relevante: según la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el 62 % de los menores colombianos navegan por internet sin ningún tipo de supervisión. Nadie los vigila mientras pasan horas y horas delante de una pantalla consumiendo contenido a merced de un algoritmo diseñado no para educar ciudadanos, sino para retener clientes. A esto, que ya de por sí es preocupante, se suma la evidencia que relaciona ese uso intensivo con depresión, ansiedad y trastornos del sueño. No es unánime, pero sí lo suficientemente sólida como para encender las alarmas. De ahí que no sea sorprendente que cuatro de cada 10 adolescentes que se suicidaron habían construido previamente una identidad digital alrededor de esa idea. Una tragedia.Obviamente, las redes sociales no son la única causa del deterioro de la salud mental de los jóvenes y niños. Pero ante las alertas emitidas en varios estudios científicos, mal haría el Estado en mirar para otro lado como si nada estuviera pasando. Colombia, además, no está inventando nada. Australia, Francia, España, Indonesia, Turquía y Noruega —países gobernados por corrientes ideológicas muy distintas— han adoptado medidas similares.La crítica más frecuente al proyecto apunta a su eficacia. Sus detractores recuerdan que, en Australia, cerca del 85 % de los menores seguían utilizando las plataformas tres meses después de la restricción. No sorprende: cambiar hábitos arraigados nunca ha sido fácil. Pero a nadie se le ocurriría eliminar la prohibición de vender alcohol a menores porque algunos adolescentes consiguen licor en la tienda de la esquina. Ni el más ingenuo de los legalistas cree que una ley, por buena que sea, erradica por completo y de tajo un problema. Pero no por eso hay que empujar a la sociedad a la barbarie y la anomia.Ojo con esto: el proyecto no busca prohibir internet ni mandar a los muchachos de vuelta a las cavernas. Si fuera así, yo sería el primero en oponerme. Lo que intenta es ponerle freno a un diseño hecho a propósito para atrapar: el scroll infinito, las notificaciones que enganchan a ultranza y el algoritmo que parece conocerlos mejor que sus propios papás. En resumen, aquello que le quita al menor la capacidad de decidir informadamente, que es justo la condición básica de la libertad.Por esos motivos, aunque mi talante liberal me lleve instintivamente a desconfiar de las prohibiciones, apoyo este proyecto. Las redes sociales aportan muy poco a la formación de un menor de 16 años y, en cambio, pueden arrebatarle mucho, especialmente en materia de salud mental. Ojalá dediquen esos años al deporte, a la lectura, a la conversación cara a cara y a construir amistades reales. O a aburrirse soberanamente, que también tienen derecho. Ya después de los 16 años, con más experiencia a cuestas, que tomen su decisión informada. Antes no.