Es una Vicepresidencia de nombre enrevesado –Desregulación, Bienestar Social y Familia–, con cinco direcciones generales y dos organismos autónomos, pero con casi un único cometido: sostener una guerra total contra 238 niños, niñas y adolescentes sin acompañar en Aragón. Todo ello, con la connivencia del PP de Jorge Azcón. Ese es el balance de tres meses que se puede hacer hasta el momento de la segunda etapa de Alejandro Nolasco, cabeza visible de Vox en la comunidad, como número dos del Ejecutivo autonómico. Un relato que incluye pruebas forenses a pequeñas de nueve años para determinar su edad o la retirada de una paga semanal de 17 euros a todos los menores migrantes, sea cual sea su comportamiento.

Esta película de miedo, con entregas semanales salvo en el lapso en que Aragón ha estado asediado por los incendios, ha dado lugar ya al menos a dos denuncias ante la Fiscalía: una del Ministerio de Juventud que dirige Sira Rego y otra de Chunta Aragonesista.

El comienzo del 'asedio' se puede situar en el propio acuerdo de gobierno suscrito por Azcón y Nolasco el 22 de abril: 'No más MENAS', arrancaba el segundo epígrafe, dedicado a inmigración. “El Gobierno de Aragón rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, precisaba el documento. Pese a que el plazo marcado era “desde el primer día”, lo cierto es que Vox se ha visto obligado a seguir recibiendo menores migrantes bajo tutela ante el riesgo de violar la ley si se oponía.