Vox recrudece en Aragón la guerra contra los menores migrantes, en especial los repartidos por el Gobierno central debido a la emergencia canaria, incluso si eso supone hacer pruebas forenses a niñas de nueve años. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, de la extrema derecha, ha anunciado este miércoles un endurecimiento del protocolo para determinar la edad de estos jóvenes y, si son mayores de 18 años, expulsarlos de los centros de acogida. El dirigente de Vox ha informado incluso de que se ha llevado a cabo una “estimación pediátrica” de una pequeña para conocer su edad, que según ha dicho se ha estimado en “trece años”.
En realidad, el plan que Nolasco ha vendido a los medios, para mostrar mano dura en su campaña antiinmigración, ya existía antes incluso del pacto de gobierno, aunque aparentemente se va a reforzar. Hasta ahora, cuando el Gobierno de Aragón detectaba que alguno de los jóvenes ingresados en sus centros de menores era susceptible de ser mayor de edad solicitaba a la Fiscalía de Menores la autorización para llevar a cabo las pruebas, que tienen lugar en el Instituto de Medicina Legal de Aragón, el IMLA. Este organismo cuenta con una tecnología que en su día, cuando la implantó el Ejecutivo de Javier Lambán, era pionera para determinar la edad, a través de un ortopantomógrafo y, en último lugar, con un TAC externo clavicular.
