El trabajo lo ha publicado la revista del Instituto Nacional de Estadística (INE), y lo que sostiene es que el Estado, como garante del pago de las pensiones, tiene ya comprometida una cantidad que representa el 491% del PIB. O lo que es lo mismo, ese porcentaje se corresponde con los derechos adquiridos por los trabajadores a la luz de las cotizaciones sociales que están pagando durante su vida laboral en activo y a los derechos que han generado tras haber completado años de cotización y que ya se encuentran en situación de retiro. En total, 6,13 billones de euros. Los datos corresponden al año 2021 e incorporan tanto las pensiones públicas que paga la Seguridad Social como el gasto en prestaciones de clases pasivas, que son las que afectan a los empleados públicos. Lo singular, sin embargo, no es solo el porcentaje, casi cinco veces el PIB de España, sino su evolución [ver gráfico]. En 2015, los compromisos del Estado con las pensiones representaban el 338% del producto interior bruto; tres años más tarde, suponían ya el 354%, pero en el último registro ya se sitúan muy cerca del 500%. Las publicaciones de Eurostat son trienales, por lo que la próxima publicación se producirá a finales de este año, aunque con datos correspondientes a 2024. La causa, lógicamente, tiene que ver tanto con el incremento del número de cotizantes a la Seguridad Social como con las condiciones económicas aprobadas para los nuevos pensionistas. En el primer caso, hay que tener en cuenta que el número de ocupados en 2015 se situaba en 18,1 millones, pero en el segundo trimestre de 2026 —última Encuesta de Población Activa— ya alcanza los 22,8 millones. Es decir, hay 4,7 millones más de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social que hace un decenio, lo que es coherente con el fuerte aumento que se ha producido en los compromisos del Estado a la hora de pagar las pensiones. Expresado de otra forma, los compromisos de pago corren más que el PIB e incluso que la deuda emitida. A la cabeza de Europa Los datos los han publicado los actuarios Enrique Devesa y Javier Olaechea, y revelan que España es el país de la Unión Europea que presenta un mayor volumen de derechos de pensiones en términos de PIB. A continuación se sitúan Austria e Italia y, en cuarto lugar, Países Bajos, aunque con una diferencia. Mientras que en los tres primeros casos se trata de compromisos públicos, en el último tienen mayor peso los sistemas privados. Dinamarca, Irlanda y Bulgaria están en la situación opuesta. Según los autores del artículo, la importancia de los compromisos del Estado con las pensiones no solo viene dada por su mayor peso respecto del PIB, sino por lo que supone en un escenario hipotético de cambio de sistema. Es decir, pasar de un modelo de reparto como el actual —en el que los trabajadores en activo pagan las pensiones de los jubilados— a uno de capitalización. Es decir, cada trabajador paga su pensión sin que exista una caja común. En su opinión, las cifras son cruciales para entender la naturaleza del debate sobre el modelo a elegir. Y lo que argumentan es que, si se decidiera que las cotizaciones futuras dejaran de financiar pensiones corrientes y pasaran íntegramente a cuentas individuales, "habría que resolver cómo pagar los derechos ya acumulados por pensionistas y trabajadores actuales: casi 6,13 billones de euros". Vienen a decir, por lo tanto, que los sistemas individuales, como los que hay en muy pocos países del mundo, son inviables. Básicamente, por una razón. Antes habría que financiar los compromisos adquiridos por el Estado con los trabajadores y los pensionistas actuales. TE PUEDE INTERESAR Su conclusión es que un sistema de pensiones no debe analizarse solo por el volumen de su caja ni por los déficits que pueda generar, sino que "también importan los derechos devengados para lograr el equilibrio actuarial". En un reciente estudio del Instituto de Actuarios de España se calculó que, si continúa la tendencia de los últimos años, la deuda implícita en 2024 podría alcanzar unos ocho billones de euros, unas seis veces el PIB de ese año, y "lo más probable" es que siga creciendo en los próximos años como consecuencia del crecimiento del número de afiliados, la mayor esperanza de vida y una posible disminución del tipo de interés utilizado para la valoración. Esto es así porque el crecimiento anual acumulativo de la deuda implícita en millones de euros —los compromisos adquiridos por el Estado en el pago de pensiones— se situó entre 2015 y 2021 en el 8,9%, mientras que el crecimiento de la deuda respecto del PIB ha sido del 6,6%. Es decir, las emisiones de deuda no cubren los compromisos de pago. TE PUEDE INTERESAR Según los cálculos de los actuarios, si la deuda estimada para 2024 (unos ocho billones de euros) se repartiera entre la población residente de 18 o más años (unos 40,5 millones), cada uno tendría que pagar de media casi 9.000 euros anuales de forma vitalicia. Si se repartiera entre todos los residentes de cualquier edad (unos 48,6 millones), entonces el pago vitalicio anual sería algo inferior a los 7.000 euros anuales. Por último, si se quisiera amortizar la deuda en 50 años al 3% con pago constante, cada uno de los residentes tendría que destinar unos 6.000 euros anuales. Además, aseguran que el hecho de que esta deuda seguirá creciendo en el futuro lleva a la conclusión de que "su implantación es inviable, ya que es muy difícil que simultáneamente se amortice la deuda implícita y que se destinen las nuevas cotizaciones al sistema de capitalización". El trabajo lo ha publicado la revista del Instituto Nacional de Estadística (INE), y lo que sostiene es que el Estado, como garante del pago de las pensiones, tiene ya comprometida una cantidad que representa el 491% del PIB. O lo que es lo mismo, ese porcentaje se corresponde con los derechos adquiridos por los trabajadores a la luz de las cotizaciones sociales que están pagando durante su vida laboral en activo y a los derechos que han generado tras haber completado años de cotización y que ya se encuentran en situación de retiro. En total, 6,13 billones de euros.