Antes de llegar al aeropuerto, Sam Tunick sabía que las autoridades lo vigilaban. El activista de Atlanta descubrió que la Policía habría instalado una cámara oculta frente a la que creía era su casa y varios manifestantes que, como él, protestaron contra la construcción de un centro de entrenamiento policial han enfrentado cargos criminales por motivos que, según sus defensores legales, más parecían pretextos para silenciarlos. Por eso, explica el abogado de Tunick, Matthew Dodge, su cliente instaló en su teléfono celular GrapheneOS, un sistema operativo que permite activar un código para eliminar de inmediato todo el contenido del dispositivo. Esa función fue la que utilizó cuando agentes federales lo sometieron a un interrogatorio en el aeropuerto. Pero ahora enfrenta un cargo por destruir lo que los fiscales consideran evidencia para una investigación.Según la versión de los fiscales, cuando un agente federal introdujo la contraseña que Tunick le había proporcionado, “la pantalla se quedó en blanco, parpadeó varias veces y el teléfono pareció reiniciarse”, se lee en documentos judiciales. Ese episodio sirvió de base para que, en noviembre de 2025, un gran jurado federal lo acusara de un delito penal. El Distrito Norte de Georgia sostiene que el activista “destruyó, dañó, desperdició, eliminó y tomó cualquier otra medida para borrar el contenido digital de un teléfono celular Google Pixel, con el propósito de impedir y menoscabar la autoridad legal del Gobierno”.Expertos consideran que este es el primer proceso penal en Estados Unidos relacionado con GrapheneOS, un sistema operativo diseñado para reforzar la privacidad y la seguridad del usuario. Entre sus principales funciones están minimizar la recopilación de datos, añadir capas adicionales de protección frente a ataques informáticos y dificultar el acceso no autorizado y el rastreo.Los abogados de Tunick, de la Oficina del Defensor Público Federal en Atlanta, han pedido a un juez que desestime el caso al sostener que el activista fue detenido de manera ilegal en el aeropuerto y que, en consecuencia, toda la evidencia obtenida (incluyendo el celular que quedó vacío) a partir de ese arresto debe ser excluida. El Departamento de Justicia, por su parte, afirma que la actuación de los agentes se ajustó a la ley y exige que el activista sea llevado a juicio para recibir una condena de prisión. “Durante los últimos años el Gobierno aquí en Atlanta ha estado enfocado en quienes protestan contra lo que es conocido como Cop City y han acusado de cargos criminales a decenas de personas. Ninguno de esos cargos ha culminado en alguna convicción”, explicó el abogado Matthew Dodge en una entrevista telefónica con EL PAÍS. El litigante se refiere al movimiento ecologista conocido como Defendiendo el Bosque de Atlanta (Defend the Atlanta Forest), que se ha opuesto a la construcción de un centro de entrenamiento policial de 85 acres y valorado en 115 millones de dólares. “Hace unos años el Gobierno decidió enfocarse en él (Tunick), como un miembro del grupo, y lo puso en una Terrorist Watch List (lista de vigilancia antiterrorista)”, afirmó Dodge. El interrogatorio en el aeropuertoTunick regresaba de un viaje a República Dominicana el 24 de enero de 2025 cuando un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo envió a una segunda inspección en el aeropuerto de Atlanta. Terminó en una sala de revisión donde primero fue abordado por integrantes de una unidad antiterrorista de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y después elementos del CBP le hicieron preguntas. Su defensa sostiene que durante ese interrogatorio nunca le leyeron sus derechos Miranda: a guardar silencio y la advertencia de que cualquier cosa que dijera podía ser utilizada en su contra.“Los agentes ignoraron reiteradamente las peticiones del señor Tunick de hablar con su abogado, continuaron interrogándolo y declararon: Puesto que se niega a hablar, tenemos la autoridad para revisar su teléfono y buscar lo que estamos buscando”, señala una moción presentada por la defensa. El activista insistió en que no respondería preguntas hasta que estuviera presente su defensor legal y esta fue la explicación que le habría dado uno de los agentes: “Cuando se trata de inmigración y aduanas, la situación es totalmente distinta... tenemos autoridad para realizar registros; no necesitamos una orden judicial”.En una moción, la defensora pública federal Melissa McGrane señala que los agentes aseguraron a su cliente que estaban “buscando a personas que fueran pedófilas” y que querían revisar su teléfono para determinar si almacenaba imágenes de pornografía infantil. “Evidentemente, esto fue un pretexto para realizar una investigación destinada a obtener información sobre los vínculos del señor Tunick con el movimiento Defendiendo el Bosque de Atlanta”, escribió en el documento.Matthew Dodge, el otro abogado de Tunick, afirma que en un momento del interrogatorio los agentes de CBP le advirtieron al activista: “Vamos a registrar tu celular de una manera u otra. Vamos a tener acceso al teléfono sin importar lo que pase”. Fue entonces que les proporcionó un código que activó el mecanismo de seguridad de GrapheneOS y eliminó el contenido del dispositivo.La semana pasada, tres agentes federales que participaron en el interrogatorio declararon en una audiencia celebrada en un tribunal de Atlanta para responder a la petición de la defensa de excluir como evidencia el teléfono, ya sin contenido. Un juez decidirá en octubre si acepta esa solicitud. Si el caso sigue adelante, el juicio podría celebrarse tan pronto como este otoño. Tunick permanece en libertad tras pagar una fianza de 10.000 dólares en diciembre, mientras su defensa confía en que el cargo será desestimado. Dodge asegura que, si bien Tunick enfrenta este proceso penal con preocupación, sigue involucrado en el activismo.