La acusación popular del caso Begoña Gómez, liderada por Hazte Oír, propone abrir un nuevo frente que coloca al Gobierno ante una nueva encrucijada. Los letrados de la asociación solicitan al juez Peinado en su escrito de acusaciones que ofrezca al Estado la posibilidad de reclamar una indemnización a Begoña Gómez. A través de su escrito de acusación, HO pide al instructor que emita un oficio a la Abogacía del Estado y otro a la Universidad Complutense de Madrid a fin de que puedan ejercer las acciones civiles que les correspondan y reclamar las indemnizaciones pertinentes a la mujer de Pedro Sánchez. La acusación recuerda que la representación jurídica del Estado podría personarse en el caso en calidad de perjudicada por la comisión de un delito de malversación de patrimonio público derivado del uso de una empleada pública, retribuida con cargo a los presupuestos, para las labores privadas de Begoña Gómez. Si la Abogacía del Estado decidiese emprender acciones legales contra la esposa del presidente del Gobierno, los servicios jurídicos del Estado podrían reclamar a Begoña Gómez más de 364.000 euros. Esta es la cantidad percibida por la trabajadora de Moncloa entre los años 2018 y 2025. En cuanto a la Universidad Complutense de Madrid, la acusación señala que podría solicitar el ejercicio de acciones civiles por el desvío del software desarrollado con fondos públicos de la cátedra. Los letrados cuantifican en 113.509 euros el perjuicio ocasionado a la UCM por la apropiación de la herramienta informática desarrollada con fondos públicos vinculados a la cátedra codirigida por la mujer de Sánchez. TE PUEDE INTERESAR No obstante, la acusación apunta a una cifra mayor si se suman las aportaciones de empresas como Indra (128.442 euros), Telefónica (60.000 euros) y Google (110.000 euros), a lo que se añade la contratación de Deloitte por 60.500 euros. Si, finalmente, el juez Peinado accede a la petición de la acusación popular, los servicios jurídicos del Estado tendrían que retratarse en el procedimiento y decidir si actuar con la esposa del presidente del Gobierno. La estrategia procesal de HO coloca al órgano dependiente del Ejecutivo en una posición delicada. TE PUEDE INTERESAR Recientemente, la Abogacía del Estado aceptó personarse en la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero en representación de Hacienda. Los servicios jurídicos del Estado defienden en este caso los intereses de la Agencia Tributaria, que habría sido perjudicada por la negativa del expresidente a declarar las joyas halladas en su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros. Petición de 13 años de prisión Además de a una eventual reclamación de responsabilidad civil, Begoña Gómez se enfrenta a la petición de 13 años de prisión y 20 años de inhabilitación por delitos de malversación y tráfico de influencias. La acusación popular considera que esta se sirvió de su condición de esposa del presidente del Gobierno para influir en funcionarios públicos e impulsar la creación por parte de la UCM de una cátedra a su medida. Esto encajaría en un delito de tráfico de influencias castigado con dos años de prisión. "Desde el momento del nombramiento de su esposo como presidente del Gobierno, aumentó la proyección institucional de la investigada, así como su capacidad de influencia tanto ante la Administración como en sectores privados y su ámbito de relaciones sociales y posibilidades de acceder a los directivos de grandes empresas; siendo la misma consciente en todo momento de todo ello, y por tanto de la capacidad de influir en otros por sus vínculos personales", reza el escrito. TE PUEDE INTERESAR También acusan a la mujer del líder del PSOE por un delito de malversación continuada por haber utilizado los servicios de su asistente, Cristina Álvarez, para sus labores privadas y otro de malversación agravada por la apropiación del software. Por estos dos últimos delitos, la acusación solicita 11 años de prisión. La acusación popular del caso Begoña Gómez, liderada por Hazte Oír, propone abrir un nuevo frente que coloca al Gobierno ante una nueva encrucijada. Los letrados de la asociación solicitan al juez Peinado en su escrito de acusaciones que ofrezca al Estado la posibilidad de reclamar una indemnización a Begoña Gómez.