La acusación popular ha presentado hoy su escrito de acusación en el que pide 13 años de cárcel para la esposa del presidente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Además, la acusación popular, que se ha unificado en este caso, quiere que Pedro Sánchez testifique en el proceso, que aún no tiene fecha de celebración y que tendrá lugar ante un jurado popular. El escrito sostiene que Gómez aprovechó su relación con el presidente del Gobierno para impulsar su carrera, logrando la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de “forma irregular”. A su juicio, diversas empresas privadas financiaron este proyecto y desarrollaron un software que “la acusada intentó registrar a su nombre”. Además, la acusación señala a la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, que también está imputada y para la que pide seis años de prisión, por actuar como asistente personal para fines privados mientras era retribuida con fondos públicos. La acusación concluye que estas acciones permitieron a Gómez obtener beneficios económicos y profesionales mediante el uso indebido de recursos institucionales.En consecuencia, demanda que la esposa del presidente del Gobierno sea condenada a 13 años de prisión. En concreto, la acusación popular pide dos años de cárcel para Gómez por el presunto delito de tráfico de influencias, además de una multa y la prohibición de contratar con el sector público por un periodo de diez años.Por un presunto delito de malversación de patrimonio público continuado al haber hecho un “uso privado” del trabajo de su asistente, Cristina Álvarez, que estaba retribuida con fondos públicos, la acusación popular solicita tres años de prisión y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de cuatro años.Y por el presunto delito de malversación de patrimonio público por la (apropiación del software, la acusación popular considera que se produjo el desvío hacia la “esfera privada” de Gómez del programa informático desarrollado en la cátedra de la UCM y pide ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por un periodo de 20 años.Además, las acusaciones quieren que Pedro Sánchez testifique en ese juicio ante jurado popular al considerar que su declaración es de “interés” para esclarecer su relación con Begoña Gómez y la utilización del Palacio de la Moncloa como “ámbito relacional del proyecto” investigado. En consecuencia, la acusación popular ha incluido al presidente del Gobierno en el listado de testigos propuestos para la fase de juicio. Sánchez ya declaró ante el juez instructor, Juan Carlos Peinado, el 30 de julio de 2024.Por lo que se refiere a los hechos, la acusación popular, que solicita la “apertura del juicio oral ante el tribunal del jurado”, sostiene que, tras el nombramiento de su esposo como presidente del Gobierno, Gómez experimentó un aumento en su “proyección institucional y de su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados”: “Gómez fue consciente en todo momento de todo ello, y por tanto de la capacidad de influir en otros por sus vínculos personales”, señalan las acusaciones.Afirman también que la cátedra de Gómez en la Complutense se creó de forma “irregular” y que el entonces rector de la Universidad, Joaquín Goyache, “se desplazó al Palacio de la Moncloa, residencia oficial del presidente del Gobierno, y allí se reunió a solas con Begoña Gómez”. La acusación subraya que el nombramiento de la esposa del presidente se produjo “pese a no ser licenciada universitaria y sin un proceso abierto y competitivo de selección académica”.Y añade que la cátedra “materialmente no fue una estructura académica, sino un instrumento de captación de financiación y de medios humanos y técnicos” puestos al servicio del proyecto personal de la acusada. El cargo más grave es el que se refiere a la malversación por la apropiación del software referido al programa informático desarrollado con fondos de la cátedra y con patrocinios. La acusación afirma que Gómez tuvo desde el inicio la “intención de desviar la propiedad y el control del producto final hacia su propio control y uso”.Según el escrito, Gómez habría solicitado el registro de marcas y dominios a su nombre para “controlar de forma exclusiva, apropiarse y explotar en beneficio personal o de terceros, y no de la UCM, el nombre y el desarrollo informático generado”. En consecuencia, las acusaciones calculan que el daño directo a la Universidad se cuantifica en ”113.509,32 euros”, sin contar las aportaciones de empresas como Indra, Telefónica y Google, que sumaron al menos ”358.942,00 euros”.Licenciada en Derecho (UB) y en Periodismo (URL). Graduada en Estudios Literarios (UB). Máster AGT (Esade). Redactora de Cultura de La Vanguardia