Cuando Donald Trump volvió al Despacho Oval en enero de 2025 lo hizo con una promesa: convertir Estados Unidos en la capital cripto del planeta. Aunque el republicano logró poner en el foco este nuevo mercado, apoyando personalmente la industria y escogiendo reguladores favorables al sector, todavía no ha conseguido uno de los mayores retos: aprobar una regulación completa de este mercado. Desde hace meses los legisladores se afanan para sacar adelante la Clarity Act, la ley sobre criptomonedas, pero las presiones de la industria cripto y del lobby bancario han complicado su tramitación. Y ahora resurge otro viejo problema: los negocios cripto del presidente estadounidense. Los republicanos han presentado un nuevo borrador de la normativa, que sigue sin convencer a los demócratas, cuyos votos son necesarios para tramitar la ley, ante las todavía escasas garantías para que los funcionarios públicos no saquen provecho de negocios vinculados a las criptos.Las criptomonedas se han convertido en una mina de oro para Trump. El año pasado ingresó unos 1.228 millones de euros gracias a los negocios cripto de su imperio familiar, según su última declaración financiera anual difundida a principios de mes. Una revelación que desató la indignación de los demócratas y fuertes críticas de expertos de ética, que señalan profundos conflictos de interés. Reclaman cláusulas y requisitos para frenar la influencia de cargos públicos en estos mercados, algo que todavía no se ha logrado. La pasada semana empezó a circular un nuevo borrador de la ley cripto, redactado por senadores republicanos. En él se incluyen cláusulas éticas, que impedirían a los cargos públicos emitir y patrocinar una criptomoneda. No obstante, podrían mantener la propiedad de sus activos y estar vinculados a ellos, aunque deberían vender su participación directa o transferirla a un fideicomiso ciego cualificado (es decir, delegar la administración de bienes a un tercero sin acceso a los detalles específicos de las operaciones) si poseen al menos el 20% de una empresa que obtenga más de la mitad de sus ingresos de la emisión o promoción de criptoactivos. Estas limitaciones se extienden a los cónyuges, pero no a los hijos que, en el caso de Trump, gestionan gran parte del imperio cripto familiar. Pero para los demócratas no es suficiente. Ven en esta cláusula un problema lingüístico y una suerte de atajo legal que, de facto, no limitaría los negocios de Trump en este mundo. De hecho, cuando el republicano lanzó sus proyectos empresariales, no estaba en el cargo: la memecoin se lanzó pocos días antes de que tomara posesión, mientras World Liberty Financial se fundó durante su campaña electoral y está gestionada por sus hijos y otros socios. Un grupo de siete senadores demócratas que ha trabajado en el proyecto de ley ha mostrado su disconformidad con el borrador en un comunicado: “El texto de la ley Clarity propuesto por los republicanos se queda corto. Disposiciones clave, incluidas las relativas a la ética de los cargos electos, la protección de los consumidores, la lucha contra las finanzas ilícitas, los conflictos de interés y la integridad de los mercados, deben reforzarse”.Virginia Canter, asesora jurídica y directora de Ética y Anticorrupción de Democracy Defenders Action, una organización bipartidista que reúne a expertos legales y de políticas, ha sido aún más tajante. “En lugar de cerrar la puerta a los conflictos de intereses y al beneficio propio, el lenguaje utilizado por la Casa Blanca en la ley Clarity otorgaría de facto a Trump inmunidad frente a cualquier nivel de supervisión (...) Esta manipulación del proceso legislativo protege selectivamente de la supervisión al negocio de criptomonedas de Trump mientras pretende limpiar la industria”, escribió en un comunicado. Incluir requisitos más estrictos se ha convertido en una prioridad para los demócratas y en algo que podría comprometer el apoyo bipartidista a la norma y bloquear una vez más su tramitación. Algo que los republicanos quieren evitar a toda costa: la Clarity Act es una de las banderas de esta administración y una reivindicación de la industria que se ha gastado millones de dólares no solo en la campaña electoral que llevó a la elección de Trump sino también en las elecciones de medio mandato del próximo noviembre. La administración pretendía aprobar esta normativa hace meses, pero su camino fue turbulento. El pasado mes, cuando los legisladores dieron luz verde a la Genius Act, la ley que regula las stablecoins en EE UU, la Cámara de Representantes también aprobó la Clarity Act. No obstante, una vez llegado al Senado, el texto empezó a encontrar los primeros obstáculos y a enfrentarse a las presiones del lobby bancario y de la industria cripto que desencadenaron una guerra abierta entre estos dos pesos pesados. El núcleo de la diatriba era el pago de intereses sobre las monedas estables: algo que la gran banca rechazaba, ante el temor de que pudieran desplazar los ahorros de los depósitos, pero una línea roja para las empresas de activos digitales, especialmente para Coinbase cuyos ingresos dependen en parte de este negocio. Tras meses de debates, los legisladores llegaron a un compromiso con estas industrias, pero todavía no han despejado las peticiones y los temores de los demócratas, incluso los más favorables al mundo cripto, y que, por ahora, no piensan ceder.