A dos décadas de su sanción, la norma muestra avances en prevención y detección de abusos, pero también quedó en el centro de una fuerte disputa política e ideológica; qué cambió desde 2006 y cuáles son los cuestionamientos
Entre el 70% y el 80% de niñas, niños y adolescentes pudieron identificar situaciones de abuso gracias a contenidos trabajados en la escuela. La tasa de embarazo adolescente cayó un 49% entre 2014 y 2020 y la mitad de los estudiantes afirmó haber podido reconocer situaciones de violencia entre pares. Esos son algunos de los principales resultados que distintos informes de Unicef y del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires atribuyen a la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en la Argentina.
A veinte años de la sanción de la Ley 26.150, y en medio de nuevos cuestionamientos impulsados por dirigentes libertarios y funcionarios como la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, este es el balance de una de las políticas educativas que más debates generó desde su creación.
La Ley Nacional de Educación Sexual Integral es una norma que establece el derecho de todos los estudiantes de los tres niveles de escolaridad a recibir información “actualizada y científicamente validada” acerca de la sexualidad. Los contenidos —que abarcan desde aspectos biológicos, como la anatomía humana y el cuidado propio, hasta la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el respeto a la diversidad en orientaciones sexuales y tipos de cuerpos— son básicos, comunes y de carácter obligatorio de acuerdo con la franja etaria de los alumnos.
