El pasado 9 de julio, el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de China presentó en Pekín su Plan Quinquenal 2026-2030: siete objetivos estratégicos y dieciocho indicadores cuantificables. El giro de lenguaje es revelador: el “empleo prioritario” de antes ha mutado en “empleo de alta calidad y pleno”, dirigiendo recursos hacia lo que llaman “talento de mayor calibre” y tratando, por primera vez, la IA como generadora de empleo y no solo como amenaza, al tiempo que sitúan la contención de la desigualdad por automatización en el centro. Las directrices impulsan la “negociación colectiva salarial” en el sector privado, topar las remuneraciones de ejecutivos en empresas públicas y redefinir el salario mínimo para corregir la brecha que abre la inteligencia artificial.
Conviene leer el anuncio de estas medidas con precaución: en China la libertad sindical es inexistente, y la Federación de Sindicatos de Toda China (ACFTU) opera como correa de transmisión del Partido Comunista. La “negociación colectiva” allí no es un ejercicio de contrapoder, sino la homologación burocrática de las directrices del Estado.
Cada vez que leo noticias como esta de China, mi mente retrocede un cuarto de siglo sin pedirme permiso. Dejé de ser secretario general de la federación de la química, el textil y el calzado de CCOO (FITEQA-CCOO) hace trece años, pero aún recuerdo estar frente a un mapa de fábricas que sabíamos condenadas. La OMC había fijado la caducidad de las cuotas que protegían nuestra industria textil: el 1 de enero de 2005. El Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido desmantelaba el viejo Acuerdo Multifibras, y China, recién incorporada al comercio global, esperaba al otro lado. Negociamos planes de apoyo para mitigar socialmente lo inevitable.
