La energía se sostiene en decisiones, no en discursos. Viaja por líneas de transmisión y gasoductos planificados con años de anticipación, y por subestaciones que rara vez ocupan titulares, pero cuya ausencia puede paralizar a un país.Las sociedades no prosperan por la calidad de sus diagnósticos. Prosperan cuando convierten esos diagnósticos en obras e infraestructura. El nuevo Gobierno en Colombia llega en un momento en el que el tiempo para seguir aplazando decisiones se agotó.Durante los últimos años, el país abrió una discusión necesaria sobre la transición energética. Sin embargo, con demasiada frecuencia terminó enfrentando dos objetivos que deberían avanzar juntos: proteger el ambiente y construir la infraestructura que hace posible una economía más limpia.Mientras la minería ilegal y la deforestación continúan destruyendo ecosistemas de enorme valor ambiental, proyectos indispensables para transportar electricidad e incorporar nuevas fuentes renovables permanecieron bloqueados durante años por procesos que, en muchos casos, han privilegiado intereses particulares sobre el interés general. La participación ciudadana fortalece la democracia. Lo que no puede ocurrir es que termine impidiendo indefinidamente obras esenciales para millones de colombianos. Cuando una línea de transmisión tarda una década en construirse, el costo termina pagándolo toda la sociedad.En Colombia las consecuencias ya comenzaron a sentirse. Durante años, la planeación partió de escenarios de demanda demasiado conservadores y la realidad desmintió esas proyecciones antes de que el país ajustara sus decisiones. El consumo de energía crece por encima de lo previsto, el 55% de los proyectos de transmisión presentan retrasos y varias fuentes de generación siguen esperando la infraestructura necesaria para entregar su energía al sistema. No son hechos aislados. Son la consecuencia de haber aplazado decisiones durante demasiado tiempo.La combinación de estos factores adquiere una dimensión aún mayor frente al próximo fenómeno de El Niño. Es justo reconocer que, en los últimos meses del Gobierno saliente, comenzaron a destrabarse licenciamientos ambientales indispensables para acelerar proyectos que llevaban años esperando una decisión. Ese avance confirmó que es posible proteger el ambiente sin renunciar al desarrollo. El desafío es que esas decisiones llegan cuando el margen de maniobra del sistema energético es cada vez menor. Colombia enfrentará temperaturas más altas, un consumo de electricidad récord y el riesgo de que la sedimentación en algunos embalses obligue a mantenimientos preventivos que reduzcan la generación.A ello se suma una red de transmisión que hoy no permite transportar energía desde regiones con excedentes, como Antioquia y el occidente, hacia el centro del país. De mantenerse esta situación, el sistema seguirá perdiendo la flexibilidad necesaria para responder precisamente cuando más se necesita.Pero la infraestructura no solo enfrenta el desafío de lo que falta por construir. También debe responder con activos que llegan debilitados a este momento crítico.En ese contexto, la situación de Air-e, la empresa que distribuye electricidad a 1,3 millones de usuarios en la región Caribe en Colombia, requiere una solución estructural. Tras cerca de tres años de intervención estatal, la compañía enfrenta un profundo deterioro financiero con una deuda que ya supera los 2,5 billones de pesos, afectando la cadena de pagos del sector eléctrico, y una infraestructura que evidencia años de insuficiente inversión y mantenimiento. Cuando uno de los principales distribuidores de energía del país llega a un período de máxima demanda con una red rezagada y un equilibrio financiero comprometido, el riesgo deja de ser regional y pasa a comprometer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.Con el gas natural ocurre exactamente lo mismo. Durante años, Colombia dejó de invertir en exploración, producción e infraestructura y hoy enfrenta una creciente dependencia de importaciones. Esta menor oferta nacional, sumada a la concentración del mercado y a la incertidumbre regulatoria, ha contribuido a incrementos superiores al 300% en el precio de la molécula, haciendo aún más urgente fortalecer las condiciones que permitan garantizar un suministro confiable y competitivo. El gas es el respaldo que garantiza la confiabilidad del sistema eléctrico cuando disminuye la generación hidroeléctrica. Pero esa confiabilidad también depende de contar con la infraestructura necesaria para abastecer oportunamente las principales plantas térmicas cuando más se requieren. Ningún país serio diseña su sistema energético para los días normales; lo diseña para responder cuando coinciden las peores circunstancias. Pretender enfrentar una sequía severa sin asegurar el suministro de gas y la infraestructura necesaria para abastecer las principales térmicas significa asumir un riesgo que pudo evitarse con mejor planeación.En todo ese contexto, la designación de la doctora María Nohemí Arboleda al frente del Ministerio de Minas y Energía por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella constituye una señal positiva. Su experiencia, su conocimiento y su legitimidad técnica serán determinantes para dar continuidad a las decisiones que el país necesita y acelerar el desarrollo de la infraestructura energética.Nada se resolverá buscando responsables. Tampoco creyendo que las empresas pueden reemplazar el papel del Estado. Cada uno tiene una responsabilidad distinta. El sector privado aporta conocimiento, capacidad técnica y capacidad de ejecución. El Estado debe garantizar reglas estables, decisiones oportunas e instituciones capaces de pensar más allá del siguiente ciclo político. De ese equilibrio dependen la seguridad energética, la competitividad del país y la calidad de vida de millones de colombianos.Colombia ha construido durante más de tres décadas uno de los sistemas eléctricos más confiables de América Latina. Ese patrimonio no está garantizado para siempre. Mantenerlo exigirá una coordinación excepcional entre el Gobierno, las autoridades regulatorias, las empresas y las comunidades. Exigirá recuperar la capacidad de anticiparse y entender que la infraestructura energética no se improvisa cuando llega la crisis; se construye muchos años antes.La infraestructura tiene una virtud que la política pocas veces tiene: trasciende a quienes toman las decisiones. Las líneas de transmisión que hoy construyamos seguirán llevando energía mucho después de este y del siguiente Gobierno. Los gasoductos que hoy ampliemos seguirán respaldando la economía durante varias décadas. Esa es la diferencia entre administrar una coyuntura y construir un país.Las naciones no fracasan por falta de ideas. Fracasan cuando las decisiones llegan después de que la realidad ya les pasó por encima. Colombia todavía está a tiempo de evitar ese error. Pero para lograrlo tendrá que recuperar la capacidad de decidir antes de que llegue la próxima crisis.