El Tribunal Supremo avaló en mayo el proyecto del parque eólico Bustelo (A Coruña), promovido por Greenalia y anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2023. El fallo representa, según Manuel García, consejero delegado de la energética, “una respuesta clara a años de inseguridad”, además de “la confirmación de una línea jurisprudencial consolidada”. Y es que, el propio Supremo ya ratificó el año pasado otro parque de la compañía, en Campelo, mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la validez del procedimiento de la Xunta en la tramitación de proyectos, cuestionado por el TSXG. “Somos la empresa que más victorias ha conseguido en defensa de la legalidad de la tramitación eólica en Galicia”, asegura García, quien destaca que si bien la sentencia ofrece una seguridad jurídica excepcional a los inversores, el reto inmediato está en la reactivación de los planes.Desde la Xunta, el director general de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández, aclara que la decisión del Supremo –la quinta en este ámbito– viene a confirmar que la Administración autonómica “tramita correctamente los proyectos eólicos, con las máximas garantías ambientales y técnicas”. De hecho, añade que el criterio sobre fragmentación que aborda la sentencia ayuda a minimizar los impactos en el territorio. No obstante, corrobora que esta afecta a un parque concreto y no desbloquea inmediatamente la situación de los restantes, ya que hay cerca de 80 paralizados.En este sentido, la Asociación Eólica de Galicia (EGA) estima que los proyectos a la espera de fallo judicial suman hasta 4.000 megavatios (MW), equivalentes a la potencia ya instalada y la mitad del consumo eléctrico gallego, además de unos 4.000 millones de euros en inversiones. “Sinceramente, no sabemos qué va a pasar ahora”, admite su presidente, Manuel Pazo, explicando que el sector se enfrenta a más de 200 contenciosos pendientes, frente a una media de cinco resoluciones al año. Algo que, apunta, no afecta solo a la eólica sino a cualquier inversión industrial que signifique energía, desde baterías hasta el bombeo reversible.Según Pazo, este impacto se extiende a la demanda, en especial a una treintena de empresas electrointensivas –como Alcoa– a la espera de energía barata y sostenible. Pedro González, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, considera el fallo del Supremo “un primer paso necesario para que la industria gallega acceda a energía a precios competitivos”. Pero advierte de que, para apoyar su desarrollo, las inversiones no pueden depender de las infraestructuras en la red de alta tensión, otra gran incertidumbre para el sector.Retos inmediatosAlgo similar sucede con el diseño de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), aquellas áreas libres de trámite ambiental que el Gobierno estableció en marzo y que la Xunta ha recurrido ante el Tribunal Constitucional al reducir la superficie útil al 0,16% de todo el territorio, según sus cálculos. El director general de Planificación defiende el recurso porque el planteamiento estatal “cercena completamente el derecho autonómico a designar esas zonas”, en tanto Galicia tiene asumidas las competencias en materia de ordenación territorial y normativa propia en planificación eólica. Para García, “la cuestión de fondo es que el espacio disponible para nuevos parques está ya muy limitado”, y aclara que de los 120 proyectos evaluados por la Xunta en 2022 y 2023, solo 77 obtuvieron la declaración de impacto positiva.Frente a esta limitación, en opinión de Pazo, “el futuro del sector energético de Galicia pasa sí o sí por la eólica marina”. El presidente de EGA destaca que el Estado ha aprobado unos 100 millones de euros para adaptar el puerto de Langosteira (A Coruña) para la fabricación de plataformas offshore: “Una capacidad que no tendrán otras instalaciones en Europa” y que permitirá exportar a mercados como Irlanda, Reino Unido o Francia. Otra cosa distinta, matiza, es instalar parques en aguas gallegas, algo para lo que considera imprescindible llegar a un acuerdo con el sector pesquero, si bien sitúa su horizonte en unos cinco años.En peor situación se encuentran las plantas de cogeneración, toda vez que de las 85 existentes en Galicia, la mitad están paradas, cifra Javier Rodríguez, director general de la Asociación Española de Cogeneración, quien lo atribuye al resultado de cinco años de retraso regulatorio. Las subastas anunciadas por el Ejecutivo en junio para la renovación del sector, por un volumen de 1.200 MW, “suponen un paso muy importante tras un lustro sin convocatorias, aunque se quedarán cortas frente a una demanda real de más de 2.000 MW”, asegura Rodríguez. La asociación calcula que solo en Galicia podrían concurrir más de 20 plantas, movilizando una inversión superior a 200 millones a esta actividad. Sin embargo, su director general afirma que “la gran incógnita sigue siendo económica”, y el tiempo que tarden en llegar las inversiones supondrá cierres irreversibles al cumplirse su vida útil regulatoria.