La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el parque e�lico Bustelo ha tenido una repercusi�n medi�tica notable. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente jur�dico, probablemente su mayor relevancia no reside tanto en lo que dice como en el momento en que llega.La resoluci�n no introduce grandes novedades doctrinales respecto de lo ya establecido por el propio Tribunal Supremo en las sentencias dictadas en el asunto Campelo. Lo verdaderamente relevante es que consolida esa l�nea jurisprudencial y despeja una incertidumbre que hab�a mantenido en suspenso decenas de procedimientos contencioso-administrativos pendientes ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.Durante los �ltimos a�os, Galicia se ha convertido en el principal foco de litigiosidad e�lica de Espa�a. Ese escenario gener� una percepci�n de riesgo que, en ocasiones, fue m�s all� de la realidad jur�dica subyacente. Conviene recordar un dato esencial: la inmensa mayor�a de los proyectos afectados cuentan con declaraci�n de impacto ambiental favorable emitida por las administraciones competentes y sustentada en informes t�cnicos especializados. La cuesti�n jur�dica nunca ha sido si exist�a evaluaci�n ambiental, sino si determinados aspectos de esa evaluaci�n o de su tramitaci�n cumpl�an con los est�ndares exigidos por el ordenamiento jur�dico nacional y europeo.Las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea dictadas durante los �ltimos meses han contribuido de forma decisiva a clarificar varias de las cuestiones que estaban en el origen de buena parte de esta litigiosidad. Como consecuencia de ello, el mercado dispone hoy de una visibilidad significativamente mayor sobre los posibles escenarios de resoluci�n de los procedimientos pendientes.Existe adem�s una circunstancia especialmente relevante para los inversores. Los mecanismos regulatorios aprobados en los �ltimos a�os han evitado que la paralizaci�n cautelar de estos proyectos provocara autom�ticamente la p�rdida de sus permisos de acceso y conexi�n por el mero transcurso del tiempo. En t�rminos pr�cticos, ello significa que, a medida que los procedimientos judiciales vayan resolvi�ndose, muchos de estos parques seguir�n disponiendo de un horizonte temporal suficiente para completar su construcci�n y puesta en servicio. En numerosos casos, el verdadero debate ya no gira en torno a la supervivencia del proyecto, sino sobre cu�ndo podr� entrar en operaci�n comercial.Esto no significa, naturalmente, que todos los litigios vayan a resolverse en favor de los promotores ni que hayan desaparecido los riesgos jur�dicos. Ser�a una afirmaci�n poco rigurosa. Si las recientes resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea han contribuido a cerrar buena parte de los debates procedimentales que estuvieron en el origen de la litigiosidad e�lica gallega, el foco se desplaza ahora hacia cuestiones de car�cter sustantivamente ambiental.La discusi�n ya no se centra tanto en la duraci�n de determinados tr�mites, la disponibilidad de informes sectoriales o la compartici�n de determinadas infraestructuras, sino en la suficiencia y robustez t�cnica de las evaluaciones ambientales realizadas en cada proyecto concreto. Aspectos como la evaluaci�n de impactos acumulativos y sin�rgicos, la afecci�n a especies protegidas, la proximidad a espacios ambientalmente sensibles o la calidad de la prueba pericial disponible seguir�n siendo elementos determinantes en la resoluci�n de muchos procedimientos.Precisamente por ello, el mercado est� evolucionando desde una percepci�n de riesgo generalizada hacia una aproximaci�n mucho m�s sofisticada, basada en an�lisis jur�dicos y t�cnicos proyecto por proyecto. No todos los expedientes presentan el mismo perfil de riesgo ni todas las declaraciones de impacto ambiental ofrecen el mismo nivel de fortaleza t�cnica. Pero existe una diferencia sustancial entre enfrentarse a una incertidumbre sist�mica y enfrentarse a riesgos identificables, cuantificables y susceptibles de an�lisis individualizado. Los mercados gestionan mucho mejor lo segundo que lo primero.Existe adem�s otro elemento que merece ser destacado. Parad�jicamente, muchos de los proyectos gallegos que hoy siguen judicializados se encuentran probablemente m�s cerca de alcanzar una situaci�n de certidumbre definitiva que otros proyectos renovables ubicados en diferentes comunidades aut�nomas. A diferencia de lo que ocurre con proyectos localizados en otras regiones - que previsiblemente recorrer�n un camino procesal similar durante los pr�ximos a�os-, la mayor�a de los procedimientos gallegos se iniciaron hace tres o cuatro a�os y se encuentran ya en fases avanzadas de su recorrido judicial.A ello se suma un factor que rara vez recibe la atenci�n que merece: la calidad del recurso e�lico gallego. Galicia contin�a siendo una de las regiones con mejores factores de carga y mayores horas equivalentes de funcionamiento de Europa occidental. En un contexto de creciente dificultad para obtener nuevas declaraciones de impacto ambiental favorables —tanto a nivel auton�mico como estatal—, los proyectos que ya han superado esa fase administrativa poseen un valor estrat�gico evidente.Todo ello explica que el inter�s inversor por activos renovables gallegos siga siendo elevado y que contin�en existiendo operaciones corporativas y procesos de M&A en marcha. De hecho, el entorno actual permite dise�ar estructuras transaccionales sofisticadas capaces de equilibrar adecuadamente los intereses de compradores y vendedores mediante mecanismos de ajuste de precio, pagos diferidos, earn-outs vinculados a hitos regulatorios o asignaciones espec�ficas de riesgo.La progresiva clarificaci�n del marco jur�dico est� contribuyendo a sofisticar el mercado y a reactivar el inter�s por activos que hace apenas dos a�os muchos inversores descartaban de forma autom�tica. La transici�n energ�tica exige capital. Y el capital exige visibilidad. Ninguna jurisdicci�n ofrece riesgo cero, pero cuando los escenarios posibles comienzan a definirse con mayor precisi�n, la incertidumbre deja de ser un obst�culo insalvable para convertirse en una variable gestionable.Quiz� esa sea la principal lecci�n que deja Bustelo. No tanto un cambio radical de las reglas del juego, sino la confirmaci�n de que el juego vuelve a desarrollarse sobre bases m�s previsibles. Y, en el mundo de la inversi�n en infraestructuras, pocas cosas tienen m�s valor que la previsibilidad.---* David Diez, socio de derecho p�blico de A&O Shearman en Espa�a.