El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este viernes la razón a la Xunta de Galicia en la tramitación de proyectos eólicos, al fallar que los Estados miembros no están obligados a permitir observaciones públicas tras los informes sectoriales. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) planteó una triple cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determinara si la Xunta debió poner a disposición del público interesado (no solo de los promotores) los informes sectoriales sobre parques eólicos para que pudiese, en su caso, formular alegaciones y participar en el proceso de toma de decisión sobre las autorizaciones de los proyectos antes de que fuesen aprobados.
El conflicto que ha sacudido el desarrollo de la energía eólica en Galicia desde 2022 tiene su origen en la avalancha de solicitudes de permisos que las empresas del sector han presentado en los últimos años. En un territorio con una fuerte dispersión de la población y un gran patrimonio natural, el elevado número de proyectos de parques eólicos provocó un potente movimiento de oposición por parte de organizaciones ecologistas y vecinos afectados, que emprendieron una batalla judicial para frenarlos.
