0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialEl Pacto Migratorio y de Asilo de la Unión Europea entró formalmente en vigor el pasado 12 de junio, después de ser ratificado por el Parlamento Europeo –con el masivo respaldo de la derecha y la extrema derecha– y el Consejo de la UE (los países miembros). La nueva ley europea, para la que los países miembros tendrán doce meses para adaptar sus legislaciones nacionales, abre la posibilidad de crear centros de deportación en terceros países para migrantes rechazados en la Unión, adonde se podrá enviar también a familias con menores, incluso si no tienen ninguna vinculación con la nación a la que son enviados.Este es uno de los puntos que recoge el polémico reglamento que desarrolla la iniciativa legal, y algunos países miembros no quieren perder más tiempo en procesos burocráticos y se han puesto ya manos a la obra. Siguiendo el ejemplo iniciado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Albania, varias capitales europeas se han agrupado para sondear la posibilidad de que países de África, los Balcanes o Asia Central acepten crear acuerdos parecidos al que Roma tiene suscrito con Tirana. Por tanto, el problema ahora radica en encontrar un país o países que estén dispuestos a seguir a Albania y acoger estas estructuras. Los posibles estados receptores podrían obtener privilegios en su trato con la Unión Europea, como preferencias comerciales y visados.Cinco países –Italia, Dinamarca, Países Bajos, Austria y Grecia– han firmado una alianza para estudiar conjuntamente dónde establecer, de forma compartida, un llamado “centro de retorno” de migrantes. Italia y Dinamarca ya encabezaron un grupo de 19 países que, a mediados de junio, mandaron una carta a la Comisión Europea para hacer uso lo antes posible de los centros de deportación y en la que pedían la posibilidad de dedicar fondos comunitarios para financiarlos. La Comisión está esperando a que haya sobre la mesa algún plan concreto para tomar posición, pero está en marcha un mecanismo financiero para que el próximo presupuesto comunitario dedique una partida a este fin.Cinco estados de la UE buscan terceros países para ubicar centros de deportación de migrantesLa mencionada misiva no fue firmada por España ni por Francia Alemania, pese a que Berlín sí ha apoyado la creación de estos centros. Recordemos que España es uno de los pocos países que no solo reman a contracorriente en esta cuestión, sino que incluso ha implementado un proceso de regularización masiva de inmigrantes, al que se han acogido 1,2 millones de personas. Francia también es escéptica sobre los proyectos de deportación y duda sobre su eficacia.Una muestra de la prisa demostrada por los cinco estados euro­peos mencionados es que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen –socialdemócrata, pero muy restrictiva en política migratoria–, ha afirmado que entre este año y el 2027 se abrirá el primer centro de deportación en un país tercero fuera de la Unión Europea.Todo ello es consecuencia de la necesidad de aumentar el porcentaje de deportaciones de refugiados a quienes se les ha denegado el derecho de asilo. Según los defensores de la medida, hasta ahora solo el 28% de las expulsiones que se dictan se acaban materializando por falta de acuerdo entre los países europeos. Por tanto, aproximadamente el 78% de los refugiados que deberían ser expulsados permanece en la Unión Europea.El viento político en el continente sopla a favor de medidas migratorias duras y restrictivasEl viento político en Europa sopla a favor de las políticas restrictivas y duras en materia de migración. La gran mayoría de los países miembros de la UE están gobernados por fuerzas conservadoras favorables a estas políticas. Hay prisa por acelerar las deportaciones. Tanta, que la Comisión Europea incluso recibió hace unos días a una delegación de talibanes para negociar agilizar las expulsiones de afganos, en un encuentro al que Bruselas intentó dar un perfil discreto ante las críticas recibidas de organizaciones de derechos humanos y de partidos de izquierda.Si finalmente los centros de deportación se acaban creando, técnicamente los migrantes permanecerán detenidos en ellos hasta un máximo de 24 meses, prorrogables a otros seis, es decir, hasta 30 meses de detención. Un tema que puede provocar complicaciones jurídicas y dudas legales, como se ha visto en los centros abiertos por Italia en Albania, que han tenido un coste millonario para Roma pese a su escasa efectividad hasta ahora. De hecho, el Consejo de Europa ha remitido una carta a los mencionados cinco países europeos impulsores del proyecto advirtiéndoles de que su iniciativa tiene “riesgos considerables para los derechos humanos”. Fuera de la UE, el Reino Unido también intentó hacerlo en Ruanda. Sea como sea, queda claro que Europa tiene prisa por deportar.